La Red de Protección Ambiental, organización que agrupa a entidades y defensores ambientales de la sociedad civil de Bolivia, emitió en las últimas horas un pronunciamiento de carácter público en el que rechaza a los contratos para explotar litio en el Salar de Uyuni, haciendo énfasis en que primero debe asegurarse el agua para la vida antes que para el beneficio de las empresas.

El pronunciamiento público, que contiene al menos seis exigencias y varias consideraciones y fue suscrito por 84 organizaciones, trece de ellas de Potosí, además de varias adhesiones independientes, fue también entregado en ventanillas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), conjuntamente a una carta dirigida al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Conjuntamente a rechazar lo que la red de Protección Ambiental viene a denominar la politización e instrumentalización de la cuestión ambiental, se incita a que se valore el agua y los territorios, añadiendo literalmente: “El valor incalculable del Salar de Uyuni y los demás salares es más grande como ecosistema debido a que los humedales/salares/bofedales son determinantes para los sistemas de vida de la biodiversidad (como el caso de flamencos, vicuñas y otros) y están protegidos por la Convención para proteger humedales de importancia internacional”.

De tal manera se exige al gobierno central que debe asegurarse que el agua dulce beneficie primero a la vida antes que, a los procedimientos relativos a la extracción del litio, “…, por lo tanto, debe asegurarse el agua primero para la vida (art. 374 de la CPE). las plantas de tratamiento de agua que se proyectan en ambos contratos no son para beneficio de las comunidades, sino para asegurar el agua dulce para el procesamiento de las salmueras.

Otra demanda se vincula con la elaboración de estudios hidrológicos, lo que vendría a estar contemplado en la aplicación del principio precautorio, pues esos estudios deben permitir la identificación de la situación del agua subterránea, “Especialmente en los territorios que ocupan las comunidades del área de influencia de los proyectos del litio”.

A ello se agrega que, a tiempo de respetar los derechos de la Madre Tierra amparados en la Ley 300, “…porque nuestra Pachamama es sujeto de derechos y todas las decisiones deben considerar que nuestra vida depende de su bienestar”, el referido documento recuerda que el Salar de Uyuni es ya una significativa riqueza en cuanto a turismo y considera al respecto:

“…alterar sus ecosistemas significaría un impacto directo para el turismo del que viven las comunidades de la Ruta Laguna de Colores (desde Tupiza, Quetena Grande, Mallku Villa mar hasta Uyuni ciudad) para esta importante actividad y emblema a nivel internacional”.

Afectaciones a la biodiversidad, a los ecosistemas y a los bofedales

Bajo esas premisas, además de observar la falta de consulta a las comunidades afectadas, el pronunciamiento cuestiona la flexibilización de normas ambientales, apuntando a que los procesos de reinyección de salmueras, un procedimiento que no tiene respaldo técnico y que causa daño ambiental sobre los acuíferos “de manera directa e irremediable”, se pretendería evitar su evaluación integral, arriesgando el abastecimiento de aguas subterráneas.

En esa línea, el documento observa que al permitir la Ley Minera Nro. 535, la explotación de lagunas consideradas clave para la biodiversidad andina, como las lagunas Blanca, Verde, Colorada, Celeste, Kollpa laguna y Mamakhumu, entre otras, mediante las actividades de exploración se afectaría a la fauna de forma directa, pues las incursiones ruidosas afectan a las aves en esos ecosistemas.

Asimismo, se informa que la biodiversidad del lugar está compuesta por vicuñas, llamas, alpacas, suris, garzas, patos silvestres, wallatas, topos, pumas, etc., “la cual depende de los bofedales (reservorios de agua dulce) y los ojos de agua que rodean a salares y lagunas, todos ellos componen un mismo ecosistema”.

Y en cuanto al carácter vital del agua para toda forma de vida, dicho pronunciamiento subraya que en la planta que proyecta Uranium One Group se requerirá 1.184.471 metros cúbicos de agua dulce por año y que provendría de la microcuenca Huasa Julaca. Por su parte CBC demandará más de 10 millones, “Estos volúmenes provendrán de fuentes de agua cercanas a las Plantas afectando directamente a las comunidades del sur del salar de Uyuni”.

Talleres de socialización no sustituyen consulta previa

Además de destacar que para la firma de los contratos con las empresas Unanium One Group (U1G Rusia) y CBC (China), no se convocó a las comunidades afectadas, se considera que se quiere imponer su aprobación en la Asamblea Legislativa mediante eventos informativos estimados como insuficientes.

“A los citados eventos no convocaron a las comunidades afectadas y las mesas de diálogo o talleres de socialización NO sustituyen la consulta previa libre e informada y que más bien violan el principio de buena fe que debería primar en el Estado en relación con el derecho a la Consulta”, reza el pronunciamiento.

De la misma manera, el documento observa que de acuerdo a normativas constitucionales la ALP la debe aprobar o rechazar esos contratos de interés nacional, siendo que además se establece que la conservación del medioambiente es un deber del Estado y de toda la sociedad (Arts. 158 y 342 de la Constitución Política del Estado [CPE]). (VLM)