AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

Por: José Luis Vargas Vaca

Las comunidades indígenas chiquitanas de San Ignacio de Velasco son afectadas silenciosamente por el uso indiscriminado de agrotóxicos por tierra y aire, además se limita el acceso al agua y se realiza el represamiento de cursos de agua por parte de empresas privadas, sumado a las actividades extractivitas de todo tipo, especialmente vinculadas a la agricultura y ganadería, que se traducen múltiples violaciones a los derechos humanos, además existen daños a la salud, al medio ambiente, según dos informes de situación presentados recientemente.

La chiquitania boliviana cubre una superficie de 16 millones de hectáreas ubicadas al este del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Es considerada una ecoregión de biodiversidad y riqueza cultural y natural, actuando como un corredor ecológico  y de transición entre la amazonía (Norte) y al Gran Chaco (Sur). Es considerado el bosque seco tropical más extenso y aún mejor conservado del mundo (FCBC). Dada sus características es un ecosistema sumamente frágil y sensible a la explotación comercial de sus recursos naturales.

Este territorio alberga a grupos indígenas originarios, entre ellos los chiquitanos, ayoreos y otras comunidades campesinas; siendo el bosque seco el territorio del que dependen sus formas colectivas de vida.

Investigación

Fueron elaboraron dos documentos por  la Clínica Jurídica de interés colectivo que forma parte de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana ‘San Pablo’ sede Cochabamba. En una alianza, coordinación y colaboración con Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA); además del Centro de Documentación e Información  Bolivia (CEDIB).

El trabajo se realizó en agosto pasado —toda vez que entre 2019 y 2020, tanto CEDIB y PROBIOMA en talleres realizados identificaran afectaciones a causa de agrotóxicos y represamiento de cursos de agua—  y todas las actividades se llevaron a cabo en el marco de esta investigación, fueron previamente consensuadas entre las comunidades y las partes interesadas.

La presentación fue en el auditorio de la Universidad Católica Boliviana sede Santa Cruz; donde autoridades de esta casa superior destacaron el aporte de este trabajo, que refleja la sensible realidad de estos pueblos indígenas.  También estuvieron representantes de las comunidades chiquitanas afectadas. A nombre de ellos, Pedro Cambará de la comunidad Ascención de Macoño, agradeció y destacó la investigación realizada, al igual que las instituciones que apoyaron esta investigación.

“Nosotros tenemos que apoyarnos en este documento, donde se relata todos los hechos y las consecuencias sobre el uso de agrotóxicos, la limitación al (acceso de) agua, el represamiento de cursos de agua por parte de empresas (privadas), las actividades extractivitas que friegan y dañan nuestra salud y a nuestro medio ambiente”, manifestó a la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).

Los dos informes fueron realizados por Joaquín Chacin, Camila Vargas y Enrique Núñez. Con el propósito de poder documentar las vulneraciones se tomaron en cuenta a ocho comunidades que en su momento habían denunciado las afectaciones. Es un subproducto del Subproyecto 4-derechos de los pueblos indígenas y transformación de conflictos sociales; fue financiado por el proyecto VLIR-USO.

Llamado a la acción

En ambos estudios se hace un llamado a la acción y exhorta al estado de Bolivia, cumpla con las obligaciones internacionales y normativa nacional para la protección de los derechos al medio ambiente y a la salud de las comunidades de San Ignacio de Velasco. También insta la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales  nacionales e internacionales a tomar acciones.

Crisis hídrica

Un primer documento al que tuvo acceso ANA destaca que la crisis hídrica en San Ignacio de Velasco transciende lo ambiental para convertirse en un problema estructural. La disminución drástica del acceso al agua, causada por la sobre explotación y el represamiento de fuentes hídricas, afecta directamente a las comunidades locales, cuyo sustento cultural dependen de este recurso vital. La falta de una intervención  o regulación estatal la dejado desprotegido al derecho humano al agua, exponiendo a las comunidades a una vulnerabilidad  extrema frente a las presiones de intereses privados ganaderos y empresas agropecuarias soyeras. El desmonte del bosque para la expansión de la frontera agrícola  ha dejado a comunidades enteras convertidas en “islas”, encerradas  en medio de cultivos de soya y terrenos para la ganadería en manos de propietarios extranjeros, argentinos y brasileros, según los mismos indígenas.

En los últimos 5 años, las comunidades indígenas chiquitanas y su territorio están sufriendo la presión de actividades extractivistas de todo tipo, especialmente  las vinculadas a la agricultura y ganadería a gran escala, potenciadas por los mercados globales de commodities; como la soya y la carne vacuna. Para dar cuenta de la magnitud de esta depredación, “entre 2012 y 2023, la expansión agrícola y pecuaria ha sido identificada como responsable del 97% de la deforestación” (Oxfam 2024), siendo la soya y la ganadería  los principales motores de la deforestación a nivel de Bolivia.

Medio ambiente y la seguridad alimentaria

Las consecuencias de esta crisis no se limitan al agua, se extienden al medio ambiente y la seguridad alimentaria. La deforestación y la alteración  del ciclo hídrico han degradado los ecosistemas, afectando tanto a la biodiversidad como la calidad del suelo y el agua. La expansión de actividades extractivas sin regulación  no solo amenaza el derecho de las comunidades; sino que compromete la sostenibilidad de los recursos naturales para las generaciones futuras. Es así que, la omisión estatal en garantizar un medio ambiente sano y equilibrado resalta como una de las causas principales de esta emergencia.

Impacto devastador  y la libre determinación 

Afecta también a la seguridad alimentaria, la crisis hídrica y medio ambiental ha generado un impacto devastador. Las comunidades locales, que dependían de la agricultura y la ganadería a pequeña escala, enfrentan la reducción de tierras cultivables, la contaminación del agua y el deterioro del suelo. Estas condiciones  impiden  el acceso a los alimentos suficientes y nutritivos, poniendo en riesgo un derecho humano esencial reconocido tanto por la Constitución Política del Estado como la norma internacional.

La crisis también afecta profundamente al derecho a la libre determinación  de los pueblos indígenas, quienes enfrentan obstáculos para gestionar autónomamente  sus territorios y recursos. La ausencia de canales efectivos  de participación de y consulta ha marginado a estas comunidades de los procesos de toma de decisiones, socavando  su capacidad de proteger su modo de vida y su identidad cultural.

Este vínculo entre el agua, la tierra y la cultura  refuerza la necesidad de una acción estatal que respete y promueva los derechos de estas comunidades.

Defensa de los derechos y demandas legítimas

“Exhortamos al Estado Boliviano a asumir un papel activo y comprometido en la protección de los recursos naturales y en defensa de los derechos de las comunidades afectadas. Es indispensable una revisión inmediata y exhaustiva  del marco normativo que rige la gestión del agua y la protección ambiental, así como su armonización  con estándares  internacionales como el Acuerdo  de Escazú y el convenio 169 de la OIT”, señala el documento.

Se recomienda al Estado boliviano no ignorar a las comunidades ni su deber de garantizar un entorno digno para las generaciones actuales y futuras. El Estado tiene la oportunidad de liderar la implementación  de políticas que prioricen el acceso y la gestión sostenible del agua, promoviendo en bienestar de las comunidades locales.

“La pasividad institucional frente a la crisis no es solo un fracaso del modelo de desarrollo es un acto de profunda injusticia que debe ser remediado con acciones contundentes, transparentes y sostenibles”, subraya.

Relator Especial de la ONU

El trabajo señala que ante la magnitud de la problemática en San Ignacio de Velasco, se insta y se recomienda al Relator Especial de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, realice un pronunciamiento público, al igual que una visita in situ para una evaluación, una reunión con actores sociales, el seguimiento a las políticas públicas y finalmente realice recomendaciones especificas al Estado boliviano.

Uso de agrotóxico

En el segundo documento, al que tuvo acceso ANA hace referencia a los relatos presentados sobre las vivencias y experiencias de las comunidades indígenas del Municipio de San Ignacio de Velasco, que son evidencia suficiente para determinar la responsabilidad del Estado boliviano en relación con el incumplimiento de sus obligaciones. El uso de agrotóxicos por aire y tierra mediante fumigaciones  en los territorios aledaños a las comunidades ha causado una violación sistemática de derechos en cada comunidad y distrito visitado. De manera específica, se ha vulnerado el derecho al medio ambiente y la salud.  

Las 8 comunidades indígenas de San Ignacio de Velasco visitadas han sido víctimas de explotación incesante a sustancias tóxicas, lo que ha provocado la degradación ambiental de los sistemas de vida colectivos que resguardan sus tradiciones y costumbres. La creciente contaminación ambiental ha atentado directamente contra su ambiente saludable y la salud integral de todos los sectores de la población

En el documento se hace un llamado a la acción y se exhorta al Estado de Bolivia, cumpla con las obligaciones internacionales  y normativa nacional para la protección de los derechos  al medio ambiente y a la salud de las comunidades de San Ignacio de Velasco. También se insta a toda la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales  a tomar acción frente al uso de agrotóxicos a través  de las fumigaciones con avionetas y por tierra en las comunidades de San Ignacio de Velasco, que ya no es solamente una amenaza a esa región, sino a toda la población boliviana.

Relator Especial de Sustancias Tóxicas

Se insta al Relator Especial de Sustancias Tóxicas, Marco Orellana, a pronunciarse  sobre la necesidad de acción ante la pasividad de las autoridades Estatales, frente a la situación de uso de fumigaciones con agrotóxicos  que es un atentado contra el medio ambiente y la salud.

En este contexto, el Relator Especial de Sustancias Tóxicas, debe realizar una visita al lugar para poder presenciar y palpare la realidad que atraviesan las comunidades indígenas de San Ignacio de Velasco, entablar un diálogo con autoridades estatales, e instar a las autoridades medio ambientales a implementar medidas para evitar la contaminación de los suelos y el agua, revisión de la normativa nacional, para que el Estado prohíba que cualquier empresa pueda solicitar el privilegio de confidencialidad  de la información  en casos importación  o exportación  de plaguicidas y derogar los artículos que los establecen en la resolución administrativa SENASAG Nº041/2018, que son contrarios a la Constitución Política del Estado.

Además de solicitar  al Estado que priorice la situación de las comunidades Indígenas de San Ignacio de Velasco sobre la actividad agropecuaria, implementación  de los Portales de Información  sobre Contaminación (PIC) que emiten los agrotóxicos, la exigencia de la debida diligencia ante las denuncias ambientales de las comunidades indígenas, además de promover la participación de las comunidades de manera oportuna y antes de promulgar cualquier política y regulación de las sustancias tóxicas de las que tengan interés legítimo, la protección al derecho a la salud, la capacitación  de resguardo a la salud, la corresponsabilidad con las empresas y sus trabajadores, el cumplimiento con todas las medidas de seguridad ocupacional, y prever todos los riesgos a la salud de los trabajadores.