Fuente: Sumando Voces

Durante 2024, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS documentó un total de 247 vulneraciones a la libertad de prensa y al derecho a defender derechos en Bolivia: 150 casos contra periodistas y medios de comunicación y 97 contra personas y organizaciones defensoras, cifras que, según el informe, evidencian el alto nivel de riesgo que enfrentan estos actores en el ejercicio de sus labores, razón por la que, la entidad, urge crear un mecanismo que prevenga, proteja y garantice la investigación y sanción contra quienes vulneran su labor de defensa.

Este sábado 10 de mayo se recuerda el día del periodista y la ocasion es propicia para recodar los datos y las recomendaciones emitidas por el este informe.

En el capítulo de recomendaciones del informe, UNITAS insta al Estado a establecer un mecanismo de protección específico para personas defensoras de derechos y periodistas, que, en el caso de los primeros, brinde protección en situaciones de riesgo y elimine la criminalización de sus actividades y, sobre los segundos, brinde una protección integral que garantice su seguridad física y psicológica, especialmente en contextos de violencia.

“Esto incluye medidas preventivas, apoyo legal, y protocolos de actuación ante agresiones, con la debida sanción de los responsables”, acota el informe sobre la protección de periodistas.

Asimismo, se propone mecanismos efectivos para garantizar que las comunidades indígenas y los defensores del medio ambiente sean protegidos frente a los intereses de empresas extractivas y se adopten medidas efectivas en materia de acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia en cuestiones medioambientales y protección de defensores, en cumplimiento al Acuerdo de Escazú.

No sólo se trata de las recomendaciones de UNITAS, sino de varios Estados que, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), ya sugirieron a Bolivia crear este mecanismo, es el caso de España. “Avanzar en la aplicación de una política pública, un marco normativo y mecanismos operativos de protección de los defensores de los derechos humanos y dar reconocimiento público a su labor”, pidió España en el EPU de 2019.

Los datos muestran que la libertad de prensa fue la segunda categoría más vulnerada entre las seis monitoreadas, con 42 agresiones físicas o psicológicas a periodistas, 30 casos de impedimento al acceso a la información, y un aumento de la criminalización de periodistas, que pasó de un caso en 2023 a 11 en 2024. Estas vulneraciones se concentraron en contextos de alta conflictividad, como la marcha y posterior bloqueo de cocaleros y militantes del MAS en rechazo al proceso por estupro y trata de personas en contra del expresidente Evo Morales.

Por otro lado, las personas defensoras de derechos sufrieron 93 vulneraciones, un aumento del 82% respecto a 2023. Más de la mitad de los casos (53) están relacionados con criminalización, especialmente de defensores de tierra y territorio, de pueblos indígenas y del medioambiente. A esto se suman amenazas, agresiones físicas y la falta de protección en contextos de riesgo.

La violencia también tiene género

El informe destaca que las vulneraciones afectan de manera diferenciada según el género. En el caso de la prensa, las mujeres periodistas fueron especialmente expuestas a agresiones físicas o psicológicas, impedimento de acceso a la información y amenazas o amedrentamientos durante el 2024.

De los 150 casos registrados por el Observatorio, el 50% fueron en contra de varones (75 casos) y el 20% en contra de mujeres periodistas (30 casos). El restante, en contra de grupos de periodistas o medios de comunicación.

El informe da cuenta que, por ejemplo, en la marcha y bloqueo de seguidores de Evo Morales hubo 42 episodios de violencia que afectaron a 26 varones periodistas; ocho mujeres periodistas y el restante fue en contra de medios de comunicación o grupos de reporteros.

En el caso de defensores de derechos, el 58% de las 93 vulneraciones (54) se cometen en contra de hombres, frente al 18% (17) de casos en los que son mujeres las actoras vulneradas. El restante 24% (22) se comete en contra de organizaciones o grupos de personas defensoras de derechos.

Defensores de la tierra y el territorio los más vulnerados

De las 93 vulneraciones en contra de defensores de derechos, el 58% atañen a defensores de la tierra y el territorio (54), principalmente organizaciones o pueblos indígenas que luchan en contra de actividades extractivas como la minería o exploración y/o explotación hidrocarburífera. El 17% se refieren a defensores del medioambiente (16) y el 12% a los que defienden los derechos de los pueblos indígenas (11).

El informe respalda sus datos en los casos que involucran la defensa del medioambiente de guardaparques; de la comunidad indígena Alcko Tambo, en Potosí, que ha denunciado la contaminación de sus fuentes de agua por parte de la empresa minera La Estrella SRL; la criminalización de dirigentes de la Asociación de Productores de Coca de La Paz por la quema de una sede paralela de esta organización; el proceso ordinario en contra de dirigentes del Valle de Zongo que luchan por su territorio contra una cooperativa minera; los defensores del territorio de Tariquía, en Tarija, entre otros.

El informe “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024”, que refleja estos y otros datos, puede ser descargado desde el siguiente enlace: https://redunitas.org/download/informe-sobre-libertades-fundamentales-e-institucionalidad-en-bolivia-2024/

Auto: Rodolfo Huallpa