En medio de tensiones y desacuerdos, la aprobación de una Ley de Emergencia por deslizamientos en el Macrodistrito San Antonio ha generado una crisis en la gestión del alcalde Iván Arias. La concejal de la Alianza Somos Pueblo, Lourdes Chambilla, denunció que la ventanilla única del Sistema de Trámites Municipales (Sitram) se negó a recibir la ley solicitada por el alcalde para abordar trabajos de emergencia.

La situación alcanzó su punto álgido durante una sesión del jueves en el Concejo Municipal, donde Chambilla respaldó la propuesta de la bancada del MAS de incorporar cuatro artículos centrados en criterios de transparencia y fiscalización.

El oficialismo pedía que para fiscalizar se aplique el Reglamento Interno desconociendo la Ley de Transparencia impulsada por Chambilla meses atrás y defendida por algunos concejales del MAS. Esa ley fue promulgada por el Concejo, pero es rechazada por el Ejecutivo Municipal.

Tras la aprobación de la ley, Chambilla se dirigió personalmente el viernes a la ventanilla única, encontrándose con la negativa a recibir la ley.

Oscar Navarro, asesor económico del alcalde, explicó que la decisión de no recibir la ley es por el cierre de gestión. Navarro indicó que el alcalde promulgaría la ley, aunque no se permitió la recepción, mostrando la Orden de Despacho que suspende momentáneamente recibir correspondencia proveniente del Concejo Municipal.

El proyecto original buscaba que el Concejo únicamente refrende la declaratoria de emergencia por posibles deslizamientos en ocho áreas del Macrodistrito San Antonio.  El concejal Pierre Chain observó que la versión original otorgaba carta blanca al alcalde para recurrir a la banca privada y “continuar endeudando” al municipio sin someterse a fiscalización alguna.

Sin embargo, la concejal del MAS, Joselinne Pinto, logró la inclusión de cuatro artículos que establecen criterios más rigurosos, como la destinación exclusiva de préstamos para labores relacionadas con la prevención de riesgos y la atención de damnificados.

Además, se exige que, en un plazo de 5 días, el Ejecutivo presente el descargo de los servidores públicos que recibieron fondos como resultado de la emergencia. También establece que la Secretaría de Riesgos debe remitir al Concejo, en 15 días, todos los trabajos planificados para abordar la crisis.

El último añadido por la bancada del MAS consiste en que el financiamiento solamente sirva para nuevos contratos y no reconozca los suscritos por el alcalde Arias a título de emergencia.

La postura disidente de Lourdes Chambilla molestó a los concejales oficialistas Jorge Dulon, Oscar Sogliano, Lucía Mamani y Yelka Maric, quienes abandonaron la sesión. Previamente, el presidente Lucio Quispe también se retiró debido a fuertes desacuerdos y discusiones con Dulon y Sogliano sobre la conducción de la sesión. Quispe cedió su silla a la vicepresidenta Roxana Pérez del Castillo (MAS), quien aceleró la votación y aprobación ante la ausencia de la bancada oficialista. A lo largo del año, la misma crisis vivió la bancada oficialista en varias decisiones legislativas.

Según informes técnicos presentados por Sogliano, la alcaldía necesitaría entre 260 y 340 millones de bolivianos para las fases uno y dos de la emergencia. Estos fondos se destinarían a trabajos desestabilización y recuperación de suelos mediante el embovedado, reducción de tierras que ejercen presión al deslizamiento y también para la construcción de pilotajes de 50 y 80 metros de profundidad.

Tanto Sogliano como Dulon advirtieron que la incorporación de los artículos “de contrabando” solo obstaculizaría el cumplimiento de la ley, como finalmente se verificó al no ser recepcionado por el Sitram.

Para este sábado por la mañana, el alcalde Arias tiene previsto realizar una inspección al Macrodistrito San Antonio para evaluar el inminente riesgo de deslizamiento debido a filtraciones de aguas subterráneas que podrían agravarse con la temporada de lluvias.