Encuesta revela que el 64% de los periodistas sufrió la vulneración de sus derechos
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Una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo entre mayo y junio de este año en todo el territorio nacional, develó que el 64,8% de los periodistas consultados afirmaron haber sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos durante el ejercicio de su profesión.
“El 64,8% del total de los participantes de la encuesta afirmaron haber sufrido algún tipo de vulneración durante el ejercicio periodístico, mientras que el 35,2% restante determinó que no sufrió alguna conducta que afectará a sus derechos”, señala el documento presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El estudio denominado “Vulneraciones a los Derechos Humanos en la Labor Periodística” fue realizado a más de 320 periodistas y trabajadores de la prensa, indicó la Defensoría mediante nota de prensa.
El mismo hace un recuento de los tipos de derechos más vulnerados hacia los periodistas, entre los que se encuentran el derecho a la libertad de expresión, ligado al acceso a la información. La encuesta muestra que el 36,4% de los periodistas señalaron haber sufrido la vulneración de estos derechos, mientras que el 27,7% sufrieron la vulneración de su derecho a la vida.
También el documento señala que el 20,7% de los consultados sufrieron afectación a sus derechos económicos, contractuales, laborales o de seguridad social, mientras que el 15,2% sufrieron la vulneración de su derecho a la reputación o a la integridad psicológica y moral
Otro dato relevante que muestra la encuesta nacional son los periodos señalados como los más álgidos en cuanto a la vulneración de derechos de los periodistas: el 22,3% de los encuestados señaló que sufrió la transgresión a sus derechos en 2019, mientras que, en el año 2023, el 28,3% hizo denuncias por alguna agresión.
Por su parte el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, trazó una hoja de ruta que permita coordinar acciones para el resguardo de los derechos humanos de las y los periodistas.
Asimismo, recordó que tal y como se estableció en el informe del GIEI-Bolivia es necesario “Crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados, así como lo señala el numeral 27 de las Recomendaciones al Estado y a toda la sociedad civil boliviana”.
Finalmente, la autoridad defensorial expresó su preocupación por la percepción sobre la atención del Estado a la vulneración de los derechos humanos del gremio periodístico, derivando esta situación en la falta de resolución de las denuncias, la pérdida de credibilidad de las instituciones y el riesgo de la elevación de las cifras de subregistro.