Fuente: Cejis

De acuerdo con el monitoreo del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), a la fecha, 38 territorios indígenas originarios campesinos (TIOC) en las tierras bajas de Bolivia se encuentran en peligro por la presencia del COVID – 19 en 14 municipios cercanos a ellos.

El reporte da cuenta de que son 25 TIOC cercanos a ocho municipios en Santa Cruz, nueve a tres municipios en Beni, tres a dos municipios de Cochabamba y uno a municipio de Tarija.

En Bolivia, los pueblos indígenas: Yuquis, Ayoreos, Esse Ejje, Chiman, Yaminagua – Machineri, Araona, Moseten, Pacahuara, Cavineño, Chacobo, More, Cayubaba, Maropa, Baures, Canichanas, Tsimane, Siriono, Guarusuwe, Wenayek y Tapiete se encuentran resguardados por la Ley Nº 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad. La presencia de casos positivos de COVID-19 en los municipios de Chimoré (Cochabamba), Roboré y Puerto Suarez (Santa Cruz), y Yacuiba (Tarija), agudiza esta situación de vulnerabilidad de los pueblos Yuqui, Ayoreo y Weenayek respectivamente.

El reporte del CPTA muestra que las comunidades de origen indígena Naranjito, Nuevo Amanecer y Bella Selva, que se encuentran en el municipio de San Andrés (Beni), también se encuentran con esta amenaza debido a que se confirmaron seis casos positivos de COVID-19 en este municipio.

En reiterados pronunciamientos, las organizaciones indígenas manifestaron su preocupación por la cercanía de la pandemia. Muchas comunidades indígenas optaron por el autoaislamiento y el control del ingreso de terceros para evitar que el virus entre a sus territorios, debido a que su contención sería imposible por las precarias condiciones de salud en las que se encuentran.

Asimismo, en sus comunicados y demandas solicitaron a las diversas instancias de gobierno su colaboración, no solo con la asistencia en víveres, sino con la provisión de los servicios bancarios móviles, por ejemplo, para evitar que los indígenas no salgan de sus comunidades a los centros poblados, para evitar ser contagiados; así como la coordinación con sus instancias representativas para que, en caso de darse esta ayuda humanitaria, se realice con estrictos controles de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.

En el informe que emitió el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) del Cejis, sobre la situación de los pueblos indígenas del Beni, el corregidor del Cabildo Indigenal de Trinidad, en Beni, Rubén Yuco, informó de la incertidumbre en la que se encontraban las más de 300 personas que habitan en el lugar, por la falta de información sobre la enfermedad, así como por el olvido estatal en el que se encuentran.

“El gobierno no se acuerda de nosotros porque no hay este tema de la canasta familiar que nos tenían que enviar; solo apareció en las familias de algunas personas”, manifestó Yuco.

El informe del ODPIB también alertó sobre la falta de información desagregada sobre la pertenencia étnica de las personas que se encuentran contagiadas por el COVID – 19, en las zonas de oriente, Chaco, Amazonía y Pantanal. A la fecha, las instancias de gobierno responsables de gestionar la pandemia a nivel nacional, departamental y municipal no han generado información sobre la existencia de mujeres u hombres indígenas contagiados por el COVID – 19.

Asimismo, se conoció que el histórico líder indígena Marcial Fabricano, quien reside con su familia en Trinidad, está contagiado con el COVID-19, y que su salud al momento es estable; sin embargo, en el informe del ODPIB, Maday Fabricano, su hija, informó que “el resto de la familia del líder indígena ha solicitado en más de una ocasión que se les realice los respectivos análisis como posibles infectados; pero hasta la fecha sus pedidos han sido completamente Ignoradas”.

Este jueves 14 de mayo también se supo que el gobernador del Beni, Fanor Amapo, miembro del pueblo indígena Chacobo, también dio positivo al COVID-19.

De acuerdo con información gestionada por el Cejis, las autoridades indígenas, en general, concuerdan en que una de las principales amenazas a esta crisis sanitaria es la falta de información clara y oportuna, lo cual hace difícil tomar decisiones oportunas y necesarias, además de crear confusión y ansiedad en los barrios indígenas que no cuentan con información ni asistencia gubernamental adecuada.