Por Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

El Psiquiátrico de Sucre ha colapsado, surge la urgente necesidad de reformas y medidas reguladoras en el ámbito de la salud mental en Bolivia. Esto se desprende del reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo, que pone en evidencia un panorama crítico de insuficiencia de atención y recursos.

La primera edición del informe del mecanismo de prevención de tortura fue expuesta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), presentando una imagen vívida de la problemática que enfrenta el psiquiátrico. El Defensor del Pueblo en Chuquisaca, Humberto Mayorga, destacó que "sólo se cuenta con un neurólogo de medio tiempo para la alta carga de pacientes", subrayando así la dramática situación.

Mayorga enfatizó que "Incluso ya no hay capacidad para nuevos internados", enfocando la atención en la saturación de la institución. Actualmente, el psiquiátrico alberga a alrededor de 350 pacientes, hombres y mujeres por igual, mientras que la atención ambulatoria abarca a cerca de cinco mil pacientes. No obstante, se vislumbra un futuro aún más complicado, con proyecciones que indican la posibilidad de hasta doce mil pacientes externos adicionales antes de que finalice el año.

La falta de espacio y recursos ha llegado a un punto crítico, evidenciando que "los internos que fueron remitidos por orden judicial" carecen de un seguimiento adecuado debido a la abrumadora demanda. 

Más allá de la cuestión de capacidad, se pone de manifiesto la escasez de profesionales especializados en el campo de la salud mental, incluyendo psiquiatras, psicólogos, enfermeras y personal de apoyo. La atención necesaria es altamente diversificada y especializada, ya que el psiquiátrico aloja a pacientes con una variedad de necesidades, a menudo complejas.

A pesar de la existencia de centros similares en otras regiones del país, como Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, el informe enfatiza que estos recursos resultan insuficientes para afrontar la creciente demanda. 

Además, se subraya la preocupante carencia de una política integral de salud mental en Bolivia, exacerbando aún más la crisis.

Con raíces que se remontan a 1884, el psiquiátrico de Sucre ha enfrentado desafíos a lo largo de su historia. Sin embargo, la situación actual representa una emergencia que exige una respuesta inmediata. 

Mayorga concluyó que "la sobrecarga, la falta de personal especializado y la ausencia de políticas claras y efectivas en el ámbito de la salud mental son aspectos críticos que deben ser abordados con urgencia para garantizar un tratamiento adecuado y humano para aquellos que más lo necesitan".