Los exvocales electorales Dina Chuquimia y Sabino Chávez advirtieron que las inhabilitaciones de candidatos a pocos días de los comicios están generando incertidumbre tanto en electores como en postulantes, debido a decisiones tardías y falta de claridad en el proceso.

“Asesoría jurídica de la sala plena tiene dar seguridad jurídica frente a sus administrados. No puede estar en la incertidumbre, peor causando zozobra entre los electores y de los candidatos”, afirmó el exvocal por La Paz.

En ese sentido, observó que no se transparentó la resolución mediante la cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) asumió competencias del Tribunal Electoral Departamental de La Paz y advirtió que no se cumplieron los plazos procesales.

Asimismo, alertó que las decisiones del TSE son inapelables, lo que deja dudas sobre a qué instancia pueden recurrir los candidatos afectados. 

El lunes se conoció la inhabilitación de 166 candidatos de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) en Pando, tras una resolución del TSE. 

Mientras que el miércoles, en La Paz, tres candidatos a la Alcaldía de El Alto fueron notificados con demandas de inhabilitación declaradas probadas, aunque aún pueden impugnarlas.

Chuquimia cuestionó que la denuncia presentada contra uno de los candidatos se habría presentado en febrero y recién se resuelvan a días de la votación, lo que —dijo— afecta la previsibilidad del proceso electoral.

Si bien la normativa permite inhabilitaciones hasta tres días antes, observó que la aplicación de estos plazos genera confusión y pone en riesgo el voto informado.

Además, señaló que los candidatos aún pueden presentar recursos extraordinarios de revisión; sin embargo, el tiempo es limitado y las decisiones deben tomarse de forma urgente. También advirtió problemas institucionales en La Paz por la falta de vocales departamentales, lo que complica la gestión de estos casos.

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo advirtió que estas decisiones, adoptadas en la recta final del proceso electoral, pueden afectar la credibilidad del sistema democrático y el derecho de la ciudadanía a contar con información clara y oportuna. ///kmg