Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue aprehendido por estar vinculado en el caso de sobreprecio de material antidisturbios. Dentro del mismo caso, el capitán de Policía Daniel Bellot, quien fuera ayudante de Murillo, se encuentra compareciendo como testigo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La aprehensión del allegado a la exautoridad se produjo en horas de la mañana en la ciudad de Cochabamba tras haber realizado el retiro de dinero y objetos de valor de una caja de seguridad de una entidad financiera, que está supuestamente a nombre de Murillo.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, en un contacto con ERBOL, confirmó la detención de Aliss Paredes y sostuvo que en las próximas horas se brindará mayores detalles de la situación del implicado.

En el caso de Bellot, pasadas las 08.30 acudió a prestar su declaración informativa ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por el mismo caso en calidad de testigo. En un breve encuentro con los medios dijo desconocer el caso que se investiga en Estados Unidos.

“Yo estoy viniendo a prestar mi declaración”, sostuvo.

Ayer se conoció que el exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, fue arrestado el 21 de mayo en Estados Unidos como parte de una investigación por el delito de conspiración de lavado de dinero.

En el mismo proceso se encuentran Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, parte de la intermediación de la compra del material antimotín y Philip Lichtenfeld, en la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.

En Bolivia, la investigación de la Fiscalía comenzó en junio del pasado año ante la denuncia que el Gobierno de Jeanine Añez pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gases lacrimógenos adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, después de suspenderse la compra directa con la firma brasileña Cóndor.

Los principales denunciados son los exministros Murillo y de Defensa Luis Fernando López. Los delitos que se investigan son incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, entre los principales.