HACIA EL OSCURANTISMO

El debate en torno a un proyecto de Ley referido al derecho a la información rebela, más allá de la discusión jurídica o incluso de la controversia política, revela un hecho más profundo. Puede decirse que el contenido del referido proyecto de Ley  establece con claridad serias amenazas, en último término, a las libertades de información y a ser informado. Se trata, claro, de manifestaciones que ubican al actual gobierno junto a los gobiernos militares de corte dictatorial, en materia del libre ejercicio de la libertad de información. Ello, debido al carácter autoritario se refiere, particularmente en su relación con los pueblos indígenas.

Las excepciones que se contemplan en el proyecto de Ley, respecto al derecho del funcionario público, a no transmitir información, en caso que las autoridades del ramo así lo consideren, habla a todas luces de la vulneración a los derechos citados. Junto a la posibilidad de establecer aquellas excepciones en áreas tales como la de los recursos  naturales o el medio ambiente. Si bien es cierto que esa vulneración afecta a toda sociedad, es también cierto que la misma tiene -desde la perspectiva del gobierno- un propósito mayor. En este segundo caso, nos referimos a los derechos indígenas; considerado en el gobierno verdadero obstáculo para el cumplimiento de políticas depredadoras del medio ambiente y socialmente anti-indígenas. Por tanto, podemos decir que los efectos perversos de este proyecto de Ley tienen alcances generales, aunque alcances a los distintos sectores de la sociedad de diversa manera.

Por supuesto que los derechos indígenas incomodan al gobierno, particularmente porque se constituyen en obstáculos para el acceso libre a los recursos naturales. Recordemos que entre esos derechos, figura el derecho a la consulta, cuando el Estado pretenda realizar proyectos industriales u otros que afecten el medio ambiente, en el que viven los pueblos indígenas. El acceso a estos recursos se torna difícil cuando las comunidades indígenas se oponen a proyectos de explotación de tales recursos. Por tanto, es, desde el punto de vista del gobierno, también restringir el ejercicio de los derechos indígenas.

El “razonamiento” gubernamental es bastante elemental: imposición, por medio del aval de un inoperante poder legislativo para fines de fiscalización y de contra-peso al poder ejecutivo. Esta supuesta democracia únicamente tiene el barniz de legalismo, pero de espíritu expresa un impulso hacia el totalitarismo -entendido como la anulación de toda oposición. Así, efectivamente el MAS dispondría de todos los mecanismos “legales” como para administrar nuestros recursos a las sombras de la prohibición a la transmisión de información no autorización.

También hay que decir, pero, que el burdo razonamiento político del MAS responde a un proyecto estatal igualmente simple y burdo. Se trata, en este caso, de un modelo estatal de desarrollo que, de manera sintética, la podríamos llamar como de un capitalismo de Estado. Si tomamos las cosas en serio, vamos a convenir que el gobierno de Evo Morales tiene tanto de socialista, como seguramente lo tendrá también Obama, es decir nada. En el fondo, sin embargo, no está siquiera en discusión el contenido (socialista, reformista o nacionalista) del proyecto estatal, porque la lógica de la época ha impuesto un pragmatismo tal en la izquierda, que ahora todo se reduce a la administración de los Estados, aun siguiendo la lógica del capital y del mercado. Una realpolitik, entendida a la altura de las conveniencias del momento, que en buenas cuentas se resume a resolver el problema de una coexistencia con el mercado y el capital. Dependiendo grandemente de los vientos políticos, esta coexistencia puede tener mayores o menores niveles de tolerancia con ellos, pero está claro que no podrá prescindir de los mismos.

Puede decirse, pues, que el proyecto estatal que el MAS ofrece al país, no es sino el viejo y anhelado proyecto de liberales del fines del siglo XIX y de nacionalistas de mitades del siglo pasado: la industrialización. Si de alguna novedad puede hablarse en este nuevo intento, es el de los actores sociales. Inicialmente surgida de los movimientos sociales, la opción política que el MAS representaba se ha vista rápidamente ocupada por miembros de las clases urbanas, relegando a aquellos movimientos. Por eso no es casual que las primeras escaramuzas, en la actual administración, han venido de los pueblos indígenas, ya sea de tierras altas (organizados en torno al CONAMAQ) o de tierras bajas (aglutinados en torno a la CIDOB).  Es secundario, desde estas consideraciones, si a la cabeza de este intento se encuentra un exdirigente sindical o si en el parlamento se observa más o menos ponchos, porque lo verdaderamente importante es el contenido de tal proyecto.

Es un proyecto que ya lo hubieran querido tener gentes tales como Melgarejo y la oligarquía de entonces o los liberales de la década de los veinte y treinta del siglo pasado. Supone el actual proyecto, un viejo anhelo señorial, pero llevado adelante bajo una fraseología indigenista: un modelo de desarrollo que supone la anulación de lo indígena, de su pensamiento y de su lógica de organización social. Pero, en definitiva, puede adelantarse que al igual que los anteriores intentos, también este intento, de ir en contra de las raíces de este país, fracasará. Lo hará mucho más rápido si el sistema desgasta sus márgenes de legitimidad ante la sociedad, por tantísimos errores políticos.