El exministro de Gobierno durante la administración de Evo Morales, Carlos Romero, a tiempo de justificar el actual bloqueo de caminos, descargó su artillería política contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusándolos de cobrar altos precios por las sentencias que dictan y de llevar a la justicia boliviana a la peor calificada en el mundo con una credibilidad por debajo de la Policía involucrada en denuncias de volteos y protección al narcotráfico. 

Las críticas de Romero surgen en medio del bloqueo convocado por Evo Morales, quien exige la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial tras la Sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional que lo inhabilitó como candidato presidencial y luego de la auto prórroga de mandato de los magistrados ante la imposibilidad de realizar las elecciones judiciales en diciembre del año pasado.

Aclaró que hace esta observación para hacer entender de que se torpedeó la elección judicial y se forzó la auto prórroga motivando la reacción popular porque “es vox populi que la mayoría de los que están en Sucre cobran por las sentencias y cobran altos precios; mandan a sus esposas, a sus secretarios, a sus operadores para cobrar por las sentencias”.

Romero cree que el “golpe judicial” conlleva un pacto de impunidad donde el poder político protege a los magistrados por ese cobro de sentencias y “esa casta de exmagistrados” brinde protección a los políticos en el caso ABC, YPFB, narco audios, etc. pero “también seguramente para seguir exaccionando a la gente, robando al Estado en los casos de esos consorcios jurídicos y casos de extorsión. Hay muchas cosas raras en torno al Banco Fassil, City Bank, Fancesa y una empresa petrolera”.

Explicó que por eso pidió auditorías a los casos resueltos por la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional que – según afirmó - están auspiciada jurídicamente por el Bufete Lima y Asociados. La Sala Cuarta es la misma que dictó la Sentencia que anuló la reelección como derecho humano, aunque para Romero, Morales está habilitado.

Dijo que, en Bolivia, el problema es que la justicia no se ha terminado de descolonizar, donde el sistema penal es inquisitorial, es medieval, abusivo y discrecional porque a uno lo imputan y luego recién lo investigan.

Califica a la justicia es racista porque juzga según el aspecto y la vestimenta de las personas y porque en las cárceles están ladrones de celular o de gallinas, mientras los delincuentes de cuello blanco caminan en automóviles de lujo marca Cadillac o en Mercedes Benz.

Recordó que cuando los actuales magistrados asumieron el mandato emitieron una resolución por el cual decidieron ya no llamarse vocales del TCP, sino magistrados; y la segunda resolución fue comprar autos más lujos para tener estatus.

“Fíjese ese pensamiento colonial de este Tribunal Constitucional que ha terminado su gestión. De este estoy hablando. Pero después empiezan a asaltar a la gente, cobran, venden las sentencias, es terrible. Es todo un parto. Lo sabe la gente que tiene litigios, los abogados sabemos. Mucha gente está queriendo animarse, yo recibo varias denuncias en mi teléfono, estoy corroborando información”, declaró el sábado en un programa de RKC.

Aseguró que los jueces, fiscales, abogados y los policías son millonarios haciendo consorcios y digitando procesos. “Ya no les va a alcanzar la vida para gastar la plata que exaccionan a la población. Los abogados y fiscales más corruptos son los más serviles que van a arrodillarse al poder político de turno porque como tienen una cola de paja desde Lauca Ñ hasta la Doble Vía de La Paz-Oruro, tiene ocultar. Por eso van donde los políticos y ellos les tapan sus fechorías. Hay un pacto de impunidad”, puntualizó.