La organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por el proceso penal que sigue vigente contra Waldo Albarracín por el delito de abandono de mujer embarazada, a pesar de que la prueba genética negó su paternidad en el caso. Manifestó que, de no haber evidencias sólidas, la causa judicial debe concluir.

“Si no hay evidencias sólidas y admisibles que sostengan la imputación en contra de Waldo Albarracín, la misma debe ser desestimada y el proceso penal en su contra concluir sin más”, dice un informe publicado por Amnistía internacional la semana pasada.

La organización advirtió también que “el uso indebido del sistema penal contra personas que defienden los derechos humanos viola el derecho internacional y podría generar un ambiente intimidatorio para otras personas que llevan a cabo esta labor legítima”.

En este caso, Albarracín fue denunciado por una mujer quien le atribuyó la paternidad de su hija. La denunciante contó con el apoyo de servicios del Ministerio de Justicia en el proceso penal y la Fiscalía determinó su detención domiciliaria.

Si bien el resultado de la prueba genética se conoció ya públicamente el 11 de marzo, Amnistía Internacional observó que hasta la fecha del informe (7 de abril), la Fiscalía no compartió oficialmente el resultado del examen con las partes y permanecían vigentes las medidas restrictivas de libertad contra Waldo Albarracín.

La organización señaló que el exdefensor del Pueblo y su hijo, Franco Albarracín, vienen denunciando que desde el 2020 han recibido varias amenazas de muerte de personas no identificadas a través de sus teléfonos móviles y las redes sociales. 

Recordó que e 2019 la casa de Waldo Albarracín fue incendiada en las protestas posteriores a la renuncia de Evo Morales.

Amnistía Internacional indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó graves deficiencias en el tema de independencia judicial, la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política y el uso abusivo de la prisión preventiva. También recordó que  Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por las dificultades sistémicas para el acceso a la justicia y la altísima proporción de detenciones preventivas.

En ese marco, exhortó a las autoridades bolivianas que tomen todas las medidas necesarias para que el sistema de justicia funcione de manera imparcial y autónoma, respetando el derecho al debido proceso de todas las personas y evitando su uso como instrumento para amedrentar a personas defensoras de los derechos humanos.