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La Defensoría del Pueblo anunció que verificará las denuncias sobre afectaciones vinculadas al mercurio en comunidades indígenas de la Amazonía, entre ellas Eyiyoquibo, donde vive el pueblo Esse Ejja. El defensor Pedro Callisaya informó que ya se tomó contacto con estas poblaciones.

“Estamos entrando en contacto con el pueblo indígena para verificar esta denuncia”, afirmó Callisaya, al referirse a los reportes sobre personas afectadas. Señaló que, de confirmarse los casos, se debe priorizar la mitigación médica inmediata.

La Fiscalía General del Estado negó que su máxima autoridad Roger Mariaca se haya reunido con el narcotraficante Sebastián Marset, 10 días antes de que el uruguayo fuese extraditado a Estados Unidos.

El Ministerio Público rechazó esa versión que atribuyó a la periodista Amalia Pando.

“La Fiscalía General del Estado rechaza dicha afirmación y sostiene que la información difundida no corresponde a la verdad”, dice un comunicado.

Las nueve gobernaciones acordaron instalar mesas técnicas desde el 5 de octubre en La Paz para avanzar en tres puntos vinculados con la coparticipación tributaria, la regulación de impuestos departamentales y la gestión de recursos internacionales.

Ante las advertencias para activar movilizaciones, pese al estado de excepción, el coronel Ricardo Terrazas, comandante departamental de la Policía de La Paz, afirmó que entidad del orden con las Fuerzas Armadas han dispuesto “operaciones de largo aliento” que tienen carácter preventivo.

El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles una ley que transfiere al nivel central el financiamiento de los prediarios y del bono de vacunación, obligaciones que hasta ahora recaían en las gobernaciones. La medida representa un alivio fiscal de Bs 209,5 millones para los gobiernos departamentales.

“Este es un paso dentro de lo que es la Agenda 50-50”, afirmó Paz durante el acto de promulgación realizado en el Palacio Quemado, donde vinculó la norma con el proceso de descentralización y redistribución de competencias y recursos. 

La actividad minera y un proyecto de electrificación generaron un conflicto en la comunidad Huaycuni, del distrito Trinidad Pampa, en Coripata, debido a la preocupación por una posible afectación de los ojos de agua. Ante esta situación, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, anunció la paralización del proyecto y una auditoría integral.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, planteó que los recursos destinados a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) pasen a las alcaldías como parte de una eventual redistribución de los recursos de coparticipación, en el marco del esquema 50/50.

La UPRE fue creada durante el gobierno de Evo Morales, para desarrollar programas como el “Evo Cumple” en la construcción de infraestructura de impacto social. Sin embargo, ha sido cuestionada por dedicarse a obras de alcance municipal y gastos en proyectos “elefantes blancos”.

Dos periodistas que actualmente son parte de la red ERBOL, Omar Escobar Mamani y Karem Mendoza Gutiérrez, fueron galardonados con primeros lugares en sus respectivas categorías en la tercera edición del Premio Nacional de Periodismo con Perspectiva de Género.

La premiación es una iniciativa del BancoSol, Fundación para el Periodismo (FPP) y ONU Mujeres, con el objetivo de  reconocer y promover la producción periodística que incorpora el enfoque de género y visibiliza el papel de las mujeres en el desarrollo económico y social.

Tras una reunión en la Casa Grande del Pueblo, el Gobierno nacional y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) suscribieron este martes un Acuerdo para avanzar en el modelo 50/50, que establece una agenda de trabajo progresiva y diferenciada para atender las asimetrías territoriales, económicas, poblacionales e institucionales de los municipios.

El acuerdo plantea avanzar en tres ejes principales: libertades y eficiencia autonómica, reformas normativas y acuerdos fiscales y financiamiento. 

La Central Obrera Boliviana (COB) ha expresado este martes su respaldo al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, después de que el Gobierno de Estados Unidos lo sancionó por supuestamente recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y a delincuentes violentos.

La COB argumentó su posición en la defensa de la soberanía nacional, la independencia y el respeto a la Constitución.