El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) informó que alistará un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales y sus colaboradores, por traición a la patria respecto a los incendios forestales que aquejan al país.
El juicio, según explicó Conade, se basará en el artículo 124 de la Carta Magna, el cual tipifica como traición a la patria el violar el régimen constitucional de recursos naturales.
La madre del bombero Pablo Miguel Suárez Núñez, quien sufrió una descompensación y posteriormente un infarto en los incendios de la Chiquitanía, reveló que nadie del Gobierno se contactó con ella para ayudarla o ver si necesitaba algo.
“Estoy sumamente abandonada, el gobierno para nada se ha manifestado, ninguna autoridad se ha manifestado”, lamentó la señora Beatriz Núñez.
No obstante, la señora Núñez aclaró que no quiere politizar la muerte de mi hijo por respeto a su memoria. “Estoy muy dolida”, agregó.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso que mujeres policías que se encuentren embarazadas deben ser excluidas de las órdenes de cambio de destino y gozar del derecho a la inamovilidad laboral por su condición, informó la Defensoría del Pueblo.
La sentencia del TCP implica que las mujeres policías embarazadas no pueden ser cambiadas de su puesto de trabajo o deben ser destinadas al lugar donde se encuentre su familia y donde sea su domicilio habitual.
La Policía aprehendió en la ciudad de El Alto a un joven de 19 años de edad, acusado de matar a su propio padre con un cuchillo de mesa.
El coronel William Cordero, director nacional de la FELCC, explicó que la muerte se suscitó porque padre e hijo estaban compartiendo bebidas alcohólicas y tuvieron una pelea.
El hijo atacó a su padre con un cuchillo clavándoselo en el pecho, lo cual le causó la muerte. El fallecido tenía 35 años de edad, según el reporte policial.
Familiares llamaron a la Policía para hacer el levantamiento legal del cadáver, en la zona Senkata.
Respecto a la polémica sobre la difusión de una encuesta por parte de un vocero de Comunidad Ciudadana (CC), el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, manifestó que fue una torpeza de la alianza de Carlos Mesa, sin embargo, no corresponde que se le inhabilite para las Elecciones Generales.
“La torpeza del partido de Carlos Mesa merecerá la desconfianza de la población boliviana, pero no corresponde en ningún caso la inhabilitación, por lo que un vocero muy poco acertado haya comentado en su perfil personal en Facebook”, dijo Canelas.
En la localidad de Huacareta, en el chaco de Chuquisaca, se suscitó un caso de presunta histeria colectiva, que afectó a una treintena de colegiales.
El alcalde de Huacareta, Daniel López, informó a radio Suprema, que los estudiantes de entre 12 a 18 años sufrieron síntomas como convulsiones, ansiedad y reacciones de tipo similar.
En un video, se puede observar que los adolescentes estaban con llantos y gritos, mientras eran atendidos.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz determinó que reconoce el derecho al paro de los choferes sindicalizados, sin embargo, decidió que esa prerrogativa no les permite bloquear interrumpiendo el libre tránsito del resto de los ciudadanos.
La sentencia se emitió en el marco de una Acción Popular presentada por los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe. La audiencia duró desde la tarde hasta la noche de este lunes, en medio de protesta de los transportistas.
El teniente de la Policía, Omar C., acusó a un jefe de División de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, de haberlo extorsionado pidiéndole, mediante un tercero, la suma de 20 mil dólares, para no involucrarlo en el caso de contrabando y distribución de medicamentos.
El oficial fue detenido la semana pasada, acusado de formar parte del esquema de distribución de los medicamentos ilegales. Su madre está entre las personas con detención preventiva por este caso.
El juez 4to de Instrucción Penal de El Alto determinó este lunes enviar a la cárcel de Chonchocoro, con detención preventiva, a los dos hombres acusados de asesinar brutalmente a un joven de 22 años y dejar en terapia intensiva a otra persona.
Dos efectivos de la Policía fueron cautelados y recibieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, luego de ser acusados de privar la libertad a un ciudadano y sustraerle una televisión, celular, y dinero.
Según la Fiscalía, el hecho se suscitó el pasado 14 de septiembre en Cobija, aproximadamente a horas 18:00 cuando los imputados, a bordo de un vehículo patrullero, interceptaron al ciudadano para atribuirle el robo de un televisor plasma que llevaba en sus manos.