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El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó las versiones que ahora apuntan a Roger Mariaca y Romer Saucedo como autores del cado narco-maletas. En ese marco, pidió públicamente al fiscal general Armando Urioste que investigue “todo”, incluyendo a autoridades nacionales.

“Fiscal Urioste, investigue TODO: ¿qué autoridades nacionales permitieron que pasen narco-maletas, a pesar de advertencias internacionales, y quiénes encubrieron todo esto durante meses?”, publicó Quiroga en redes sociales.

Los maestros urbanos se alistan para un paro nacional movilizado de 48 horas, previsto para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, en rechazo al traspaso de la administración de los institutos tecnológicos a las gobernaciones. La medida fue anunciada por la ejecutiva nacional del sector, Miriam Ayala, quien también denunció la intervención policial durante las protestas.

En medio paro de trabajadores en salud en Santa Cruz, la vicegobernadora Paola Aguirre sorprendió a sindicalistas cocinando kjaras a la parrilla en instalaciones del hospital San Juan de Dios.

La autoridad expresó su indignación porque, mientras personas pobres sufren las consecuencias de la falta de atención médica por el paro, los sindicalistas estaban “haciendo churrasco”.

El paro fue declarado por la federación de trabajadores en salud en demanda del pago del bono “viático de vacunación”, ante el incumplimiento de parte del Ministerio de Salud.

El Gobierno denunció que el exfiscal Roger Mariaca, alias “Chino”, y el magistrado Romer Saucedo, alias “Alemán”, encabezaron una "mafia" responsable de la organización, financiación y protección al traslado de marihuana en 31 maletas el año pasado desde Estados Unidos hacia Bolivia.

El informe fue proporcionado por el ministro Marco Oviedo, después de quien públicamente la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, implicaron a Saucedo y Mariaca, respectivamente.

La falta de comprobación del quórum y la impuntualidad de los legisladores desataron este viernes una polémica en la Asamblea Legislativa, luego de que el vicepresidente Edmand Lara se retirara de la sesión de clausura y el presidente del Senado, Diego Ávila, asumiera su conducción. La controversia se extendió durante varias horas.

En medio de la polémica por la impuntualidad de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente Edmand Lara anunció sanciones para los que llegaron tarde a la sesión de este viernes, incluida su esposa, la diputada Diana Romero.

“¿Dónde dice que tenemos que esperarle media hora a los legisladores? Y la ley es para todos. Incluido la diputada Diana Romero, igual va a ser sancionada, porque no vino. Cuando empieza el deber, termina la amistad, igual va a ser sancionada. Y no hay acá que hay que esperarle porque es la esposa, media hora, no”, dijo Lara en conferencia de prensa.

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión de trabajo con el rey Felipe VI de España, en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, en la perspectiva de fortalecer la cooperación.

El encuentro constituye la segunda reunión entre ambos en menos de un año y se enmarca en una relación de amistad personal que se remonta a sus años de estudiantes, hace más de tres décadas, según la Oficina del Presidente.

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, se retiró de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la falta de quórum y cuestionó la impuntualidad de los legisladores. Luego a través de un comunicado advirtió que el presidente del Senado, Diego Ávila, no puede instalar ni conducir la sesión mientras él esté presente y ejerciendo sus funciones.

El fiscal general del Estado, Armando Urioste, explicó que el caso por narcotráfico contra el magistrado Roger Saucedo se procesa en jurisdicción ordinaria al ser delito común, por lo cual descartó el juicio de responsabilidades.

De considerar que Saucedo cometió crímenes en el ejercicio de sus funciones de magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendría que ser procesado en juicio de privilegio, pero la Fiscalía considera que este no es el caso.  

Carlos Quisbert

La Jefa de Gabinete del ministro de la Presidencia, Fernando Armayo, María José Fernández Quiroga, ofreció $us 50 mil y Bs 200 mil a la "testigo clave" del caso coimas, para que esta no denuncie al exministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, de acuerdo con la información que brindó el abogado Abel Loma.