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La radio yungueña FmBolivia denunció el asalto y robo de equipos que sufrió de  oficinas ubicadas en el mercado de Adepcoca, en la ciudad de La Paz, por lo cual exigió al gobierno que investigue lo sucedido.

Mediante su cuenta de Facebook, la emisora señaló que le robaron consola, micrófonos y otras herramientas de trabajo.

Consideró que este es un hecho delictivo, además de un atentado contra la prensa, al derecho a la información del ciudadano y la libertad de expresión.

“Son estos momentos tan históricos que tiene mi historia en Bolivia los que me hacen fuerte y agradecida a la vida”. Así la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, describió la importancia que tiene para ella el acompañamiento que hace a la 11ª Marcha Indígena que se dirige a la ciudad de Santa Cruz.

Carvajal se sumó a la movilización el martes. Dijo que siente una tristeza enorme porque puede percibir la pobreza en los niños, en los mayores, y la necesidad que tienen de ser atendidos. 

La variante delta, presente en 185 países, ha sustituido en gran medida a las otras tres variantes preocupantes, alfa, beta y gamma, que ahora representan cada una menos del 1% de los casos secuenciados, dijo la OMS el martes.

Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2 responsable del covid-19, mutan con el tiempo.

La resolución ministerial que ordenaba el traslado del mercado de la coca de Villa Fátima a la sede del Sindicato Mixto de Transportes Señor de Mayo, ubicado en Kalajahuira, fue dejada sin efecto por el Gobierno quien a su vez lanzó una advertencia a los “grupos minoritarios”  que busquen agredir a entidad cocalera se procederá como señala la norma vigente.

La justicia chilena dictó sentencia condenatoria contra el boliviano Santiago E. R. O., como autor del delito consumado de tráfico de migrantes, de carácter reiterado en la región de Tocopilla. 

La pena contra el boliviano es de 800 días de reclusión, pero también tiene una sanción pecuniaria. Sin embargo, al ser extranjero, se determinó la expulsión de Chile con prohibición de ingreso por un periodo de 10 años, según la Fiscalía chilena.

La explosión de un gas lacrimógeno que afectó a dos trabajadores afiliados a la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), durante el conflicto cocalero en la ciudad de La Paz, será investigada, anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Se trata de Santiago Limachi y Sergio Limachi quienes fueron alcanzados por un proyectil de gas por parte de efectivos del orden en medio de una gasificación a sectores afines al dirigente Armin Lluta que protestaban cerca de la Terminal Minasa en Villa Fátima.

Fuente: AFP

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este martes en Naciones Unidas que no quiere "una nueva Guerra Fría" con China y defendió su apego a la diplomacia y al multilateralismo en respuesta a los aliados europeos que le acusan de cabalgar a menudo en solitario.

"No queremos una nueva Guerra Fría o un mundo dividido en bloques rígidos", dijo el presidente de Estados Unidos en el primer discurso de su mandato en la Asamblea General de la ONU.

El exdirector de Educación Superior del Ministerio de Educación, Agustín Tarifa, fue aprehendido este martes, después de presentarse a declarar en el marco de una investigación por tráfico de influencias en la designación de cargos directivos.

La información fue proporcionada por el abogado Abel Loma, que representa a la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, quien presentó la denuncia contra Tarifa y el ministro Adrían Quelca.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresaron este martes su repudio por el actuar de la Policía en contra de trabajadores de la prensa mientras realizaban la cobertura al conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

El Tribunal de Sentencia Nº 1 de Cochabamba fue notificado sobre el amparo constitucional que presentó la defensa del alcalde Manfred Reyes Villa y el caso ahora pasó a manos de la Sala Constitucional Nº 2 de Chuquisaca la que definirá si se cumple o no el mandamiento de condena de cinco años de prisión.

La vocera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Elva Morales, afirmó que se notificó al tribunal “en análisis jurídico y cumpliendo procedimiento” ha emitido un auto en el que habilita la vía constitucional para este caso.