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La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra aclaró este martes que “no se ha considerado” realizar el Carnaval 2022 ante la situación que atraviesa el municipio por el incremento de contagios a causa del coronavirus en esta cuarta ola.

A través de un comunicado, la comuna hizo referencia a un anunció que hizo la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) donde señala que este año se organizará la también denominada “Fiesta Grande de los Cruceños”.

El Ministerio de Trabajo ratificó la vigencia de los decretos 4640 y 4641, que disponen la presentación del carnet de vacunación o prueba PCR, sin embargo, aclaró que su aplicación no puede disminuir los derechos laborales y menos implicar una desvinculación.

“La aplicación de las disposiciones contenidas en los Decretos Supremos señalados, no significa la disminución de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores dependientes, mucho menos podrá ser aplicado como causal de desvinculación”, dice un comunicado del Ministerio. 

Después de registrarse dificultades en las tramitaciones de homologación, el ministro de Salud, Jeyson Auza, dispuso que los certificados de personas vacunadas en el exterior sean válidos para su presentación en instancias que así lo requieran.

La decisión se encuentra en un Instructivo emitido este martes, en el cual se deja sin efecto un anterior documento que hacía referencia a la homologación del carnet de vacunación. 

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, acudió este martes a la Fiscalía como testigo y ratificó la denuncia por el desvío de recursos públicos durante la administración del exgobernador cruceño Rubén Costas.

“Nosotros hemos ratificado de forma escrita la denuncia respecto a la publicidad que ha sido utilizada para campaña política de demócrata siendo que eso fondos estaban destinados para la prevención del COVID-19”, sostuvo.

A tiempo de expresar su rechazo a los decretos 4640 y 4641, sobre la vacunación anticovid, la Federación Departamental de Jóvenes de las 20 Provincias de La Paz sugirió postergar la aplicación de estas normas y que se certifique el uso de plantas medicinales con un valor similar al carnet de vacunación.

El alcalde Iván Arias posesionó este martes a Enrique Villanueva como nuevo secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y le encomendó el reto del relanzamiento del servicio de buses PumaKatari y ChikiTiti durante el presente mes.

Los tres tripulantes de un helicóptero del Ejército que sufrió este lunes un incidente aéreo en Chuquisaca ya fueron rescatados y se encuentran recibiendo atención médica. Uno de ellos se encuentra delicado.

La nave sobrevolaba sobre las inmediaciones de la comunidad Coronado Norte del municipio de Muyupampa, en busca de una niña que se encontraba desaparecida tras haber caído al rio Pecado, sin embargo, en medio de estas labores, sufrió un aterrizaje forzoso.

La Fiscalía de La Paz emitió un mandamiento de aprehensión contra el exrector de la UMSA, Waldo Albarracín, para que sea llevado a prestar declaraciones por una denuncia por el delito de abandono de mujer embarazada.

El proceso penal se inició a instancias de la ciudadana J.Z.A.P., quien anteriormente denunció públicamente a Albarracín por no hacerse cargo de un hijo que –según asegura- es del exrector. El también exdefensor del Pueblo negó en reiteradas ocasiones esa acusación.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Mayber Aparicio, sostuvo este martes que en la región se espera tres semanas más de escalada de contagios de Covid-19, antes de entrar en una meseta que también duraría tres semanas.

“Hemos calculado cinco semanas de incremento a partir de que hemos declarado el ascenso. Han pasado dos semanas, esperamos tres más de escalada, tres semanas de meseta y estaríamos desescalando probablemente a finales del mes de febrero”, dijo Aparicio.

Organizaciones sociales alteñas, además del magisterio rural del departamento, dieron diferentes plazos al Gobierno para que abrogue los decretos 4640 y 4641 que establecen la obligatoriedad de presentar certificado de vacuna o prueba PCR para ingresar a lugares públicos y privados con aglomeración. Consideran que las normas son inconstitucionales y no se puede impedir el ejercicio de derechos por la vacunación.