Entre noviembre y marzo, más de 500 choferes de radiotaxis y taxis renovaron sus tarjetas de identificación e igual número de sus motorizados renovaron tarjetas de operación, requisitos que son exigidos por la Alcaldía de La Paz para operar en el municipio paceño.
La Iglesia Católica condenó este domingo el linchamiento de personas y las lapidaciones de palabras en las redes sociales que arman una opinión mediática que se erige como tribunal inapelable, juzgando y condenado a la muerte moral de las personas e instituciones e incluso condicionando a los administradores de justicia.
“La masacre de Bucha fue deliberada. Los rusos pretenden eliminar a todos los ucranianos que puedan. Debemos detenerlos y echarlos”, escribió el canciller ucraniano Dmytro Kuleba en un mensaje escalofriante en el que compartió imágenes de civiles ejecutados por las fuerzas de Putin.
El canciller exigió “nuevas sanciones devastadoras del G7″ como embargo de petróleo, gas y carbón, el cierre de todos los puertos a los barcos y mercancías rusas, y la desconexión todos los bancos rusos de SWIFT.
El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo informó la noche de este sábado que móviles pasionales y económicos rodean la muerte de Wilma Edith Fernández Quispe de 39 años, cuyo cadáver fue encontrado en la zona de Chuspipata sobre la antigua carretera a Coroico.
También presentó a Jhasir Oliver Hayakawa Condarco de 27 años de edad, como el autor material del feminicidio que habría ocurrido en el Condominio Las Lomas del Sol en la zona de Achumani de la ciudad de La Paz, desde donde fue trasladado el cuerpo de Wilma hacia los Yungas.
El abogado defensor Marcelo Valdez alertó este sábado que el periodista denunciado por su propia jefa, la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) Brenda Lafuente, recibió amenazas de muerte cuando ingrese a la cárcel para que no hable y diga cómo se panfleteaba desde esa institución.
El senador de Creemos Henry Montero denunció que luego de siete años de investigación, el caso de la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), con un posible daño económico de 60 millones de bolivianos, pasó por la mano de 11 fiscales, tuvo siete años de investigación y no hay sentencia ni resarcimiento al Estado.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) profundizaron sus diferencias y mantienen posiciones irreductibles en torno a la demanda de aumento salarial para la gestión 2022 planteada al gobierno nacional.
El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, ratificó que el diálogo solamente se realizará con el gobierno y no con el sector privado porque algunos empresarios financiaron el golpe de estado de 2019.
La Fiscalía Departamental de Tarija reabrió el proceso por enriquecimiento ilícito contra el actual gobernador Oscar Montes y miembros de su familia porque no habrían justificado la propiedad de 30 inmuebles obtenidos, cuando Montes y otros familiares ocuparon cargos municipales durante tres gestiones consecutivas de 2000 a 2015.
Ante la próxima llegada de 66 buses PumaKatari a La Paz, el dirigente Jesús Vera manifestó que seguirá apoyando el servicio de buses municipal e impulsará que ese haga un recibimiento cuando arriben a la ciudad.
“De seguro que va a haber recibimiento por parte de los vecinos y nosotros vamos a impulsar el apoyo a ese recibimiento, siempre que sea en el beneficio de la ciudad de La Paz lo vamos a hacer”, dijo Vera el viernes.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) informó que en la zona de Senkata en El Alto, se encontró un domicilio donde se cultivaba marihuana con tecnología de luces y oxigenación.
El hallazgo se realizó el 31 de marzo en el marco de las investigaciones de comercialización de la droga en la modalidad 4:20, que es el código que usaban los narcotraficantes para vender la marihuana en redes sociales.