Autoridades del Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instalaron este miércoles una mesa de diálogo para encaminar la atención de las demandas presupuestarias del Órgano Judicial, luego de que las máximas autoridades judiciales advirtieran con asumir un paro si no recibían una respuesta a sus requerimientos.
El Comité pro Santa Cruz ha formalizado este miércoles una denuncia penal contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, como principales responsables de los bloqueos y sus consecuencias entre los meses de mayo y junio.
La denuncia comprende nueve delitos, de los cuales los más relevantes son terrorismo, financiamiento al terrorismo y alzamiento armado, indicó el presidente cívico Stello Cochamanidis.
El líder del partido Libre, Jorge Tuto Quiroga, responsabilizó a Evo Morales y Luis Arce Catacora por la devaluación de la moneda boliviana, al considerar que en sus gestiones se “farrearon” 93 mil millones de dólares, incluyendo recursos del gas y deuda.
Explicó que los gobiernos del MAS tuvieron 60 mil millones de dólares por ingresos del gas, más 20 mil millones de fondos, encajes y reservas, además de 13 mil millones de deuda externa, sumando 93 mil millones.
Cinco personas fueron aprehendidas este miércoles durante el allanamiento a igual número de locales de medicina natural en inmediaciones del Multifuncional de El Alto, investigadas por el presunto delito de tráfico ilegal de vida silvestre. En los operativos se secuestraron frascos con animales silvestres utilizados presuntamente para remedios caseros.
La diputada Lucero Justiniano (Libre) presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es abrogar los decretos supremos que establecen la declaratoria en comisión para los dirigentes de las centrales obreras.
Objeta los decretos 4500 y 4710, los cuales permiten que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), confederaciones, federaciones y centrales obreras departamentales y regionales sean declarados en comisión con goce del 100% de sus haberes y demás beneficios sociales, mientras desempeñen sus funciones sindicales.
EUROPA PRESS
Las autoridades de Venezuela han informado de que cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han sido detenidos por cometer saqueos durante las labores de rescate tras los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado hasta la fecha con más de 1.900 muertos.
El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB) rechazó la amenaza de paro por parte de las máximas autoridades del Órgano Judicial y recordó que la legislación vigente establece como falta grave y causal de suspensión el propiciar huelgas o suspensiones de actividades jurisdiccionales.
El pronunciamiento se da después de que autoridades judiciales advirtieron con un paro nacional escalonado si el Gobierno no atiende su demanda de mayor presupuesto-
Después de haberse reformado la política cambiaria, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que promoverá el indicador de base monetaria como la nueva ancla nominal que ordene las expectativas económicas para evitar presiones inflacionarias.
El ancla nominal es un indicador meta que se traza para guiar las expectativas de estabilidad e inflación.
El presidente del BCB, David Espinoza, explicó que durante 20 años el ancla nominal ha sido el tipo de cambio, lo cual ha llevado al agotamiento de las Reservas.
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su rechazo a la propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados y advirtió que una eventual legalización de los denominados "autos chutos" significaría premiar actividades ilícitas y castigar al sector formal cuyos precios no pueden competir con coches de origen ilegal.
El presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, cuestionó que se impulsen iniciativas de este tipo desde la Asamblea Legislativa y sostuvo que, en lugar de fortalecer el aparato productivo, se estaría favoreciendo a quienes operan al margen de la ley.
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) negó este martes que haya incrementado las tarifas y afirmó que los montos facturados corresponden a actualizaciones periódicas establecidas en función de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), mecanismo vigente desde 2007.
"Hay que negar categóricamente que hayan subido las tarifas. Lo que sí, mes a mes hay una actualización en función de la UFV, pero esto no es de ahora. Esto viene desde el 2007", afirmó el gerente de EPSAS, Edgar Landívar.
