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En medio de la crisis de carburantes en el país, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó terminar con la subvención generalizada a los combustibles y reemplazarla por mecanismos de compensación dirigidos a las personas que utilizan el transporte público y que requieran apoyo durante la transición.

En un posteo, Velasco propuso que YPFB deje de importar y comercializar combustibles subsidiados y que se abra el mercado a operadores privados para la importación, comercialización y distribución de carburantes a precio real.

El expresidente Evo Morales manifestó este jueves su preocupación con el supuesto audio y las expresiones del presidente Rodrigo Paz, en que se referiría al Chapare en el contexto de los bloqueos de caminos.

Según el supuesto audio, difundido por Edmand Lara, el mandatario habría dicho a su asesor Fernando Cerimedo: “¿Qué tal si sacamos la mierda primero a los chapareños porque son el centro del terrorismo?”. También señala que habría un “cabrón” en el Chapare y lo compara con un “cáncer”.

El presidente Rodrigo Paz anunció que el Gobierno ya consiguió recursos para realizar los estudios de factibilidad de dos nuevas líneas de Mi Teleférico en El Alto, aunque aclaró que el proyecto aún debe cumplir procesos administrativos antes de su ejecución.

“Ya hemos conseguido platita, pero bueno, tiene su proceso administrativo para generar dos estudios para dos líneas nuevas de teleférico en El Alto”, afirmó Paz, al señalar que las obras no serán inmediatas, pero que el proyecto ya está encaminado.

AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES 

Jimena Mercado

La redacción del Anteproyecto de Código Minero comenzará el 9 de septiembre, con la participación de representantes técnicos formalmente designados por los distintos actores del sector, informó el Ministerio de Mineria y Metaluria (MMyM). Sin embargo, en la nueva etapa rumbo a la consolidación del nuevo marco normativo no se contempló la participación de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que resultan ser los principales afectados por la contaminación minera en sus territorios.

A tiempo de iniciar la intervención a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó este jueves que “personas irresponsables” retrasaron procesos y generaron trabas que impidieron contar con suficientes importadores y estaciones de servicio para garantizar la venta de carburantes a la población.

La directora de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, alertó que exigir a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que adecuen sus objetivos a los planes de desarrollo del Gobierno restringe la libertad de asociación y expresión de la sociedad civil.

“Cuando se pide que las organizaciones tengan la misma finalidad que el plan de desarrollo del Gobierno de turno, lo que se está diciendo es que la sociedad civil no puede existir por fuera del mandato del Gobierno de turno”, afirmó Goebertus a ERBOL.

El vicepresidente Edmand Lara afirmó este jueves que cualquier propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado debe ser socializada con la población y sostuvo que, por su parte, respetará la decisión que adopte el pueblo boliviano en un eventual referendo.

“Yo lo que voy a respetar es que se respete la Constitución Política del Estado y la voluntad del pueblo. Eso es lo que voy a respetar. Porque no es depende de mí. Todos, incluso ustedes, tienen que ir a votar”, afirmó Lara.

Víctor Miranda, miembro del directorio de YPFB y representante del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, propuso reducir de 180 a 90 días el plazo de intervención de la petrolera estatal y planteó que una comisión de la Asamblea Legislativa fiscalice el proceso.

“Yo propondría que, en vez de que sean 180 días, (...) más bien sean 90 días, o sea, que hasta diciembre o finales de diciembre tengamos ya una idea exacta, un diagnóstico real de qué es lo que está pasando en Yacimientos”, afirmó en el noticiero Bolivia en Contacto de ERBOL.

Luego de haber tomado una decisión similar con YPFB, el Gobierno dispuso la intervención estatal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por un periodo de hasta 180 días, ante deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificados en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas.

El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, planteó la adopción de medidas administrativas para regularizar los trámites de derechos mineros, como una vía para reducir la actividad minera ilegal.

El funcionario señaló que más del 80% de la actividad minera en el país es ilegal y atribuyó esta situación a la demora de los trámites, que se estableció por el "modelo político" de los anteriores 20 años.