El presidente del Senador, Diego Ávila, cuestionó la propuesta de rebajar los salarios parlamentarios a Bs10.000, porque considera que no toma en cuenta el hecho de que la mayoría de los asambleístas no proviene de La Paz.
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) llamó a la población a la tranquilidad, después de que se encontró el cadáver de un hombre en un tanque de agua en la planta de Chuquiaguillo.
El Gerente Legal de EPSAS, Andrés Rivas, aclaró que el tanque donde fue encontrado el cuerpo no se encuentra en funcionamiento desde el pasado 15 de enero, debido a trabajos programados de mantenimiento, por lo que en ningún momento el agua de ese reservorio fue incorporada al sistema de distribución.
Comunarios del municipio de San Pedro, en Santa Cruz, lanzaron piedras contra una caravana oficial encabezada por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, que busca ejecutar un plan de desalojo de avasallamientos en el predio Las Londras.
“Están preocupados, están asustados. Han apedreado a las movilidades, no es la primera vez que lo hacen. Esto no nos va a hacer echar pasos atrás. Hay un operativo que se está poniendo en marcha para evitar esta situación, pero esto no nos va a hacer huir”, denunció la autoridad ante medios que acompañan el operativo.
La personalidad jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) está en la cuerda floja, mientras su candidato a gobernador de La Paz, Rafael “Tata” Quispe ha advertido a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que irán a la cárcel si determinan inhabilitarlo como postulante.
La decisión final se tomará este miércoles en la Sala Plena del TSE, que ya ha sido notificada con resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que allanan la cancelación de la personería de UCS.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que este martes fueron aprehendidas dos personas vinculadas al caso de las narcomaletas: uno de los socios capitalistas y el representante legal de la empresa de seguridad en la que se encontraron casi 80 kilos de marihuana.
“En horas de la mañana se ha procedido a notificar y aprehender a dos personas de sexo masculino que tendrían participación en el presente hecho: uno como representante legal y el otro como socio capitalista”, detalló Mariaca en conferencia de prensa.
El candidato a la Alcaldía de La Paz por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Raúl Daza, propone funiculares y gradas eléctricas en las laderas paceñas, como parte de su programa 380, enfocado en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de niños y adultos mayores.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, manifestó su cuestionamiento al ajuste tarifario de pasajes aéreos que estableció la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), puesto que afecta a la población y puede profundizar desigualdades entre personas y regiones.
“Consideramos que una nivelación tarifaria, que no incorpora criterios de equidad social, puede profundizar desigualdades ya existentes entre regiones, entre áreas urbanas y rurales, y entre personas con distintas capacidades económicas”, dijo Callisaya, mediante un video.
El fiscal Miguel Cardozo informó este martes que la pareja de Rafael Arce Mosquera fue citada a declarar en calidad de testigo en la ciudad de La Paz, en el marco de un proceso penal por enriquecimiento ilícito.
“Ya se ha emitido la citación en calidad, en principio, de testigo de la pareja del señor Rafael Arce Mosqueira. Se ha hecho la solicitud mediante cooperación directa a la ciudad de Santa Cruz. Ya serán ellos los que determinen para cuándo se los va a citar”, explicó Cardozo.
El sector de la construcción ha iniciado protestas, en demanda de que el Gobierno permita el reajuste de los precios de las obras públicas, puesto que de lo contrario estaría en riesgo de colapso.
Este martes se desarrolló un “tractorazo” en Potosí, mientras que la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco) ya ha convocado a una concentración nacional para el 28 de enero.
El Gobierno de Bolivia actualmente se encuentra en un dilema respecto a los contratos por el litio que suscribió la anterior administración, con empresas de China y Rusia. Por un lado, reconoce que se comprometió la fe del Estado en los convenios, sin embargo, por otro realiza una evaluación y no descarta romper los contratos si se encuentra daño económico para el país.