El Ministerio de Defensa informó este martes que se están dejando sin efecto contrataciones que estaban en curso por 20 millones de bolivianos en material militar, debido a que se realizaron de manera incorrecta, por lo cual anunció que se volverá a realizar las licitaciones desde “cero”.
El ministro Edmundo Novillo detalló las compras observadas, que van desde sables y armas, hasta botas.
La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) de Bolivia, liderada por Néstor Conde, anunció este martes que llevarán a cabo movilizaciones para exigir la ampliación del diferimiento de pago de créditos por seis meses más.
“En reunión con varios sectores, entre ellos, transporte, microempresarios y algunos otros más, se ha tomado la decisión de empezar a movilizarnos a partir del 16 (de diciembre) acá en el departamento de La Paz porque no se está ampliando el diferimiento”, manifestó Conde.
El Gobierno, mediante el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que ha decidido devolver a Bs300 a los premilitares inscritos esta gestión, debido a un cobro que se considera excesivo.
El ministro Novillo explicó que se ha realizado un análisis sobre los montos exigidos esta gestión y se observó que se haya cobrado Bs1.300 a cada premilitar, cuando en los años anteriores el monto no pasaba de Bs1.000.
Ante el presunto caso de nepotismo denunciado respecto al ministro de Salud, Edgar Pozo por el cargo que tenía su hijo como director jurídico de la Caja Nacional de Salud (CNS), el diputado del MAS, Renán Cabezas, expresó que si él tuviera que decidir destituiría a la autoridad cuestionada.
“Si por mí pasara, si yo tuviera que decidir, yo le destituyo (al Ministro de Salud)”, manifestó el legislador Cabezas.
La exdiputada del MAS, Lidia Patty, presentó este martes una solicitud formal ante la Fiscalía para activar alerta migratoria contra Luis Fernando Camacho, su padre y excomandantes denunciados en el caso abierto por el presunto “golpe de Estado” de 2019.
La Fiscalía ya admitió la denuncia que presentó Patty con anterioridad por el delito de terrorismo contra Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho, además de los excomandantes en las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y
La Central Obrera Boliviana (COB) anunció que pedirá formalmente al Ministerio de Justicia que las organizaciones sociales formen parte de la comisión establecida para delinear la reforma a la justicia, e incluso planteó la posibilidad de que se realicen cumbres para este efecto.
La comisión, formada por expertos juristas convocados por el Ministerio de Justicia, fue establecida la semana pasada con el objetivo de plantear las reformas legales y constitucionales para la transformación de la justicia.
Personas con discapacidad protagonizaron este martes una movilización en la ciudad de La Paz exigiendo al Gobierno reunirse, con el objetivo de ampliar a los beneficiarios del Bono Contra el Hambre en su sector.
Si bien la normativa establece que se pague el Bono a personas con discapacidad moderada, grave y muy grave, los manifestantes reclamaron por omisiones que consideran que debieron ser tomadas en cuenta.
La vacuna contra el coronavirus da fuerte protección contra el virus dentro de los días posteriores a la primera dosis, según documentos publicados el martes.
Luego de que el Gobierno le atribuyera la situación económica que atraviesa el país, la expresidenta Jeanine Añez se dirigió al mandatario actual Luis Arce para decirle que deje las quejas y comience a trabajar.
Mediante redes sociales, la exmandataria aseveró que cuando asumió el cargo recibió un Estado con despilfarro y con el precio del petróleo que llegó a cero, no cobró impuestos por la pandemia y pagó tres bonos.
La coalición de organizaciones de la sociedad civil que integra la iniciativa Observa Bolivia presentó este lunes su Informe de Observación Electoral Ciudadana sobre las recientes elecciones, en el que menciona como sucesión constitucional a la transición de Gobierno en noviembre de 2019.
El informe recuerda que la integridad de los resultados de las elecciones de 2019 fue cuestionada por las misiones de observadores y expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), recomendando en el caso de la OEA, un nuevo proceso electoral.
