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Una pareja vinculada a la actividad minera fue víctima el martes de un robo armado, donde sufrió la sustracción de 180 mil bolivianos.

Como antecedente, se conoce que la pareja fue contactada a través de redes sociales con el supuesto propósito de concretar la compra de una compresora, en la zona Jatita Pampa de la ciudad de El Alto, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto.

Según el reporte policial, las víctimas fueron citadas a un terreno baldío, a donde asistieron en un vehículo.

El 82% de los adultos mayores en Bolivia sobrevive con la Renta Dignidad de Bs 350, informó Elizabeth Zabala, secretaria ejecutiva de Pastoral Social Cáritas Bolivia, quien advirtió sobre las dificultades económicas que enfrenta este sector.

“De 1.200.000 adultos mayores que tenemos, el 82% sobrevive con la Renta Dignidad. Esa es la gran realidad que tenemos en nuestro país”, afirmó Zabala a ERBOL.

El juicio por la asonada militar del 26 de junio de 2024 se retomará en octubre de este año y, para entonces, la defensa legal de Juan José Zúñiga anunció que pretende convocar como testigos al expresidente Luis Arce y su cúpula.

En este caso, Zuñiga fue acusado de supuestamente intentar un golpe de Estado militar contra Luis Arce. Sin embargo, la tesis de su defensa sostiene que fue una “emboscada” contra las Fuerzas Armadas, con la intención de fabricar una narrativa favorable al Gobierno de entonces.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, posesionó este miércoles a cinco viceministros, cuatro de ellos ratificados y uno nuevo, tras la renuncia de Julio Héctor Linares al Viceministerio de Coordinación, Planificación Estratégica y Modernización del Estado.

“Esta nueva arquitectura del Estado tiene que ser más eficiente, más austera, tenemos la responsabilidad de transformar la arquitectura del Estado”, afirmó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, durante el acto de posesión.

Cuando ya han pasado más de dos meses del estado de excepción decretado por el Gobierno, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, sostuvo que la medida “ha cumplido sus objetivos” y que una posible ampliación se verá en su tiempo.

El estado de excepción se declaró en junio para despejar los bloqueos de caminos, luego de más de 50 días de piquetes en carreteras. Su plazo legal es de 90 días y terminaría por el 18 de septiembre. Sin embargo, la norma permite ampliar la medida con aval de la Asamblea Legislativa.

En un emotivo acto institucional, el Viceministerio de Deportes, liderado por el viceministro Roberto Bustamante, junto al Embajador de Francia en Bolivia, Olivier Fontan, rindieron un merecido reconocimiento a las integrantes de la Asociación de Cholitas Escaladoras Khunu y a sus guías de montaña. El homenaje destacó su invaluable trayectoria, esfuerzo, perseverancia y su significativo aporte al desarrollo del montañismo boliviano.

El Gobierno lanzó este miércoles el programa Google Career Launchpad, que contempla 5.000 becas para jóvenes bolivianos mayores de 18 años y 100 becas completas para docentes, con el objetivo de fortalecer la formación en tecnología y competencias digitales.

“Hoy día tenemos que luchar a fondo sobre cómo alfabetizar Bolivia en el ámbito digital”, afirmó el presidente Rodrigo Paz, quien destacó que la formación tecnológica permitirá avanzar en la reducción de la brecha digital del país.

Luego de la acumulación de basura en las calles de la sede de gobierno, la empresa La Paz Limpia anunció que, una vez se arribó a un acuerdo con la Alcaldía, trabaja un plan de contingencia de al menos cuatro días para recolectar los residuos.

La empresa pidió a los paceños que tengan paciencia, mientras que ejecuta el plan para la normalización del recojo de basura.     

El presidente de la Federación Boliviana de Voleibol (FBV), Freddy León, confirmó que Bolivia competirá en los XIII Juegos Sudamericanos ODESUR, Santa Fe, Argentina 2026, entre el 21 y 25 de septiembre. La delegación emprenderá viaje rumbo a la Argentina el 16 de septiembre con el objetivo de estar en el podio de la competencia.

El Gobierno, mediante el Viceministerio de Transparencia, denunció un daño económico superior a Bs 870 millones al Estado por operaciones vinculadas con la Planta de Biodiésel I de YPFB, a raíz de dos contratos para la provisión de aceite crudo de soya adjudicados a un mismo proveedor.

Las irregularidades habrían ocurrido durante el Gobierno de Luis Arce, quien fue el impulsor de la planta ubicada en Santa Cruz.