El Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Inversiones de 103 artículos, que busca atraer capital nacional y extranjero, establecer nuevas reglas para la actividad inversora y crear una Agencia Nacional de Inversiones para coordinar la promoción y atracción de capitales en Bolivia.
La Alcaldía de La Paz aclaró este martes que la Alerta Roja declarada en la ciudad tiene carácter preventivo y está enfocada en reducir riesgos ante posibles fenómenos climáticos extremos, deslizamientos y problemas de infraestructura hidráulica, y no en el manejo del suministro de agua.
“La alerta roja que se ha declarado ayer es una alerta roja preventiva por un tema de riesgos en la ciudad”, afirmó a ERBOL el secretario municipal de Ciudad Planificada y Habitable, Sergio Altamirano, quien explicó que la determinación responde a tres aspectos técnicos.
En un hecho registrado en la localidad de Guanay del norte paceño, una mujer, identificada como Cristina Q., falleció presuntamente a causa de golpes que habría sufrido en distintas partes del cuerpo. La Policía informó que se ja aprehendido a un hombre, pareja de la fallecida, con fines investigativos.
La mujer murió cuando era trasladada desde Guanay hacia la ciudad de La Paz, después de haber sido atendida en un hospital de ese municipio por las lesiones que sufrió.
La Unión Europea fortalecerá su apoyo a la Policía Boliviana frente al incremento del narcotráfico, los asesinatos y el sicariato en el país, mediante capacitación, intercambio de información, asistencia técnica y fortalecimiento institucional para combatir el crimen organizado.
“No podemos combatir eficientemente los índices de criminalidad en nuestros países si no hay un intercambio de información, de experiencias mutuas”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al destacar la importancia de la cooperación internacional.
El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que los sectores que detentaron y usufructuaron del poder durante los últimos 20 años “han sido derrotados moralmente” por el pueblo boliviano, al considerar que los resultados de sus gestiones fueron “nefastos” y que la población expresó en las urnas su decisión de cambiar de rumbo.
El interventor de EPSAS, Edgar Landívar, aseguró que La Paz y El Alto no enfrentan una emergencia hídrica y descartó inconvenientes en el abastecimiento hasta la próxima época de lluvias, en contraste con la alerta roja declarada por la Alcaldía de La Paz ante el riesgo de sequía.
“Tenemos que tener tranquilidad. Nosotros estamos en semáforo verde, quiere decir normal”, afirmó Landívar, quien sostuvo que los indicadores técnicos de la empresa muestran una situación de normalidad y que los embalses se encuentran en niveles suficientes para garantizar el suministro.
El ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Abraham Anzaldo, expresó su preocupación por la situación que atraviesan las empresas del sector y advirtió que actualmente varias se encuentran en una situación crítica, mientras persisten conflictos laborales en dos compañías por el despido de más de 100 trabajadores.
“Estamos arañando para sobrevivir”, afirmó Anzaldo a radio Kancha Parlaspa de la red ERBOL, al referirse al panorama que enfrentan las empresas y sus trabajadores.
A nueve meses de gestión, la relación entre el presidente y el vicepresidente se mantiene distante y sin opciones concretas de retomarse. Edmand Lara manifestó que ya no tiene por qué rogarle a Rodrigo Paz, puesto que se enfoca en su trabajo, pese dificultades que tiene como el presupuesto reducido.
La Federación Andina de Choferes de El Alto y la Alcaldía descartaron aplicar una doble sanción por trameaje y acordaron trabajar desde este viernes en mesas de trabajo para mejorar el servicio de transporte y reordenar la circulación en La Ceja.
“No va a haber la doble sanción. Hemos hecho entender que no puede haber doble sanción”, afirmó Eddy Laura, secretario ejecutivo de la Federación Andina, que anunció que el sector realizará controles internos y no respaldará a los conductores que incurran en trameaje.
Un hombre identificado como Simón J. M. fue sentenciado a tres años de privación de libertad por cobrar de manera irregular la renta de vejez de su padre fallecido desde 2022, informó el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir).
La irregularidad se evidenció cuando la institución verificó que el titular de la renta, Florencio J. M., había fallecido en 2022, pero la renta seguía siendo cobrada.
