El político y empresario Samuel Doria Medina afirmó que el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el cual calificó como uno de los golpes más importantes de la Policía, quedó “ensombrecido” por el presunto robo de dinero y otros bienes de su vivienda en Santa Cruz.
Los panificadores de La Paz estiman que producen 1.883.000 panes al día entre la ciudad y las provincias. El sector defiende su decisión de vender la unidad a Bs 1 y sostiene que los productores independientes no podrían cubrir la demanda si los federados suspendieran la producción.
Luego de que el Gobierno emitió un decreto para autorizar la importación de gas natural para generación propia de energía, los empresarios están expectantes al reglamento y alistarse para una coyuntura de posible crisis energética, donde deberán prestar atención al suministro de este insumo importante particularmente para la industria.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.) anunció que comienza una etapa de formación especializada en tecnología para periodistas, con el objetivo de profesionalizar al rubro en temas de conocimiento, integración y adopción de tecnología.
El primer paso es el taller denominado “De usar la tecnología a ser un periodista tecnológico”, que se desarrollará el 28 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, en el marco del XXX Congreso Hispanoamericano de Prensa, organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ), en coordinación con otras instituciones.
El Consulado General de Bolivia en Santiago pidió esclarecer la muerte de Oshin Santos, una ciudadana boliviana de 30 años que falleció el sábado 24 de octubre en el Hospital de Melipilla, Chile, tras lanzarse de un vehículo en movimiento para escapar de una presunta agresión sexual. Por el caso, un hombre está en prisión preventiva.
“El Consulado General está solicitando a la Fiscalía de Melipilla el pronto esclarecimiento de este funesto hecho, así como una sanción ejemplarizadora a quienes resulten culpables.”, señala el comunicado.
Las cámaras de Comercio Industrias y Exportadores presentaron al Gobierno un proyecto de Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, que propone candados legal y económico frente a las expropiaciones.
El proyecto plantea que las expropiaciones solo se puedan realizar cuando se apruebe una ley que declare causa de utilidad pública, se cumpla el debido proceso y el pago previo de una indemnización antes de que el Estado tome posesión del bien.
La Asamblea Legislativa fijó para este miércoles la interpelación al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, por las explosiones ocurridas en el Regimiento de Artillería y Mantenimiento N.º 2 “Bolívar”, en el municipio de Viacha. Mientras, la autoridad se encuentra en República Dominicana para participar en una cumbre de seguridad.
La convocatoria establece la interpelación “con relación a los antecedentes, circunstancias y actuaciones relacionadas con la explosión ocurrida” en esa unidad militar, a iniciativa de la senadora Rosario García Coca y otros asambleístas.
El ministro de Producción Sostenible, Óscar Mario Justiniano, destacó este martes que Bolivia registra actualmente menos del 1% de las afectaciones por incendios forestales en comparación con los años de mayor impacto.
Atribuyó este resultado a la planificación estratégica y al cumplimiento de una ruta de trabajo impulsada por el Gobierno nacional.
La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio Público a impulsar de oficio las investigaciones sobre la presunta contaminación por mercurio y la minería ilegal en el río Madre de Dios, sin trasladar a las comunidades indígenas la responsabilidad de producir peritajes científicos especializados.
El pronunciamiento surge tras un requerimiento fiscal dirigido a la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando, al que se solicita responder con informes técnicos sobre la denuncia de contaminación en un plazo de 24 horas.
Con apoyo de la diputada Cathy Pinto, el secretario de Seguridad Ciudadana de El Alto, Elio Pacheco, presentó un proyecto de ley de pérdida de dominio de inmuebles, vehículos y motocicletas utilizados en la comisión de delitos de alto impacto.
La iniciativa plantea transferir esos bienes al Estado y rematarlos en un plazo de 60 días, una vez cumplidos los procedimientos judiciales correspondientes.
