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Luego de cinco años, el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz dictó este martes la sentencia condenatoria por el atraco del 13 de julio de 2017 a la joyería Eurochronos, ubicada en la capital cruceña. De los seis acusados, cuatro fueron absueltos de responsabilidad.

En la resolución se declaró culpable a Édgar Huanquiri Quispe y que reciba una pena de 6 años de cárcel mientras que Robert Gabriel Ruiz Medina, a 10 años de prisión, por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de deberes. Ambos deberán cumplir la condena en el penal de Palmasola.

La concejales Bernardina Rivas, del municipio Waldo Ballivián de la provincia Pacajes de La Paz, aún espera que se solucione el caso de acoso y violencia política del cual es víctima y que pueda ejercer su cargo sin amenazas ni trabas.

Rivas, en entrevista con ERBOL, manifestó que está sufriendo por la discriminación que sufrió por parte del Alcalde de su municipio y colegas concejales. 

Pese a que horas antes haya negado haberla ofendido, la defensa de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, formalizó este martes una denuncia contra el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, por el delito de violencia política.

El abogado Frank Campero informó que para sustentar la denuncia se presentaron filmaciones, reportajes de prensa de un curso de formación política del Movimiento Al Socialismo (MAS) donde habría llamado a la burgomaestre “loca”.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, reveló este martes que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recién notificó una sentencia con la cual se instruye la restitución de jueces que fueron cesados bajo la figura de que eran transitorios.

Molina observó que la sentencia habría sido emitida en noviembre de 2020, pero recién se notificó la semana pasada, es decir, dos años después.

Vía: Agencia de Noticias Ambientales (ANA)

Las áreas protegidas debes ser realmente resguardadas por el gobierno y sus instituciones de los avasallamientos, la depredación, la minería, la trata y tráfico porque son patrimonio nacional y de la humanidad.

Foto principal: Gentileza Erika Bayá

“De que aquí ha habido un atentado, sí, ha habido un atentado”. Así el socio mayoritario del proyecto Mall Gran Vía, Eynar Vizcarra, expresó sus sospecha de que el incendio del lunes por la noche haya sido provocado.

Como argumentos, manifestó que los obreros no trabajan más allá de las cinco de la tarde y que las instalaciones eléctricas están en un sector diferente a donde se generó el incendio.

A partir del lunes 1 de agosto, el 100% de los afiliados de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) fueron convocados a salir a las movilizaciones que tienen como objetivo cerrar el mercado paralelo del dirigente Arnold Alanez, considerado afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El anuncio lo hizo conocer el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, luego de una reunión de evaluación con todo el directorio, regionales y otros dirigentes ante el resguardo policial a los predios del mercado “ilegal” de la zona de Villa El Carmen.

El viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, negó este martes haber insultado a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, llamándola “loca” durante su discurso en un curso de formación política del Movimiento Al Socialismo (MAS), además cuestionó a los medios: “¿para ustedes eso es noticia?”

En su criterio, sus palabras se dieron en un ámbito estrictamente político por lo que habrían sido "tergiversadas”, lo que no significa que fuera un insulto a la autoridad del municipio de El Alto.   

Tras la emboscada a efectivos antidroga en Shinahota del Trópico de Cochabamba, la Policía logró la recuperación de armas, encontró fábricas de droga e incautó droga, domicilios, vehículos y motocicletas, informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

El Ministro confirmó que el 22 de julio el personal antidroga había detenido a dos mujeres en posesión de sustancias controladas, pero los agentes fueron agredido por un grupo de personas, armadas con piedras palos y otros objetos. Se contabilizó a cinco heridos.

UNITAS

Sin saberlo, la amauta de justicia del valle de Zongo de La Paz, Marcela Quisbert, estuvo arraigada por nueve años en el país, producto de un proceso, que su defensa califica como una “persecución”, que un empresario minero abrió en contra de ella y otros dirigentes indígenas, tras ser expulsado por apropiación indebida de tierras y contaminación del río Zongo, un problema que data del año 2000.