El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, manifestó que existe la posibilidad de que en algún momento aparezca una “narco-guerrilla” en el Chapare y alertó que el Estado no está preparado para enfrentar esa clase de terrorismo.
Bolivia registró este miércoles 24 de junio 1.098 nuevos infectados de coronavirus, lo que elevó el número total de contagios a 27.487, de los cuales 19.816 son denominados como pacientes activos, según informó el Ministerio de Salud.
El departamento de Santa Cruz registró 542 contagios en las últimas 24 horas, La Paz 195, Cochabamba 145, Beni 102, Chuquisaca 40, Tarija 32, Oruro 24, Potosí 16 y Pando 2.
El gobernador Félix Patzi planteó que el tema del conflicto por el control del Servicio Departamental de Salud (Sedes) se analice en una reunión ampliada del Comité Operativo de Emergencias con participación de los 87 alcaldes y alcaldesas “para evitar posibles intereses electorales”.
La propuesta de Patzi está en una carta entregada este miércoles a los alcaldes de La Paz, Luis Revilla, y El Alto, Soledad Chapetón, quienes un día antes solicitaron a la Ministra de Salud que con urgencia se llame a una reunión para tratar el tema del Sedes.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al MAS de ser un movimiento “delincuencial”, por lo cual manifestó que fue un error el no haber “barrido de masistas” en el aparato estatal, porque considera que ellos están haciendo daño al país.
“La Presidenta nos dijo ‘trabajemos en unidad, saquen solamente a la gente de niveles altos, no hagan un barrido de masistas’. Fue un gran error porque esa misma gente ha hecho daño al país y está haciendo daño al país”, afirmó Murillo.
El Centro de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), el laboratorio más importante de Santa Cruz, lleva un retraso de 20 días en el procesamiento de pruebas de COVID-19, debido a la falta de equipos que padece y que le impide una mayor productividad, informó este miércoles Martha Aramayo, encargada del área de Análisis y representante del Sindicato de Ramas Médicas en la entidad.
El diputado Amílcar Barral informó este miércoles que ha dado positivo en la prueba PCR para COVID-19.
“Estoy haciendo este anuncio oficial. Ya estamos instalados en el centro de cuarentena. Entiendo que nos tenemos que quedar algo de 14 días, 15 días, pero con seguridad vamos a estar en comunicación. Quiero agradecer de corazón primero a toda mi familia también a toda la gente amigos, compadres, todos los que no se han estado llamando”, manifestó mediante un video.
Los ministros de la Presidencia, Desarrollo Productivo, Economía y Planificación presentaron este miércoles el Programa Nacional de Reactivación del Empleo en rueda de prensa en Casa del Pueblo.
Dentro de ese programa, el Gobierno propuso medidas con el objetivo de proteger 4,5 millones de empleos, con inyección económica con el establecimiento de fondos, inversión, además de medidas de responsabilidad fiscal como la transparencia de empresas públicas, así como reducir la contratación de consultores en línea.
El Gobierno nacional interino pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa (ALP) que autorice mediante una ley que se usen alrededor de Bs13.800 millones para su programa de reactivación de empleo.
Autoridades del Ejecutivo recordaron que dichos recursos estarían inmovilizados en el Banco Central de Bolivia y originalmente estaban destinados a la construcción de la planta de propileno y polipropileno, un proyecto del gobierno anterior.
El líder de la alianza Comunidad Ciudadana y candidato presidencial, Carlos Mesa, reafirmó este miércoles que su única responsabilidad es ganarle a Evo Morales y evitar que el MAS siga gobernado Bolivia para darle al país un gobierno de transformación.
“Mi responsabilidad en democracia y en las elecciones es ganarle al Movimiento Al Socialismo para tener un gobierno de transformación y para evitar que el MAS siga gobernando Bolivia”, aseguró Mesa en su mensaje habitual por redes sociales.
El Comité de “Justicia y Paz”, conformado por el Ministerio de Justicia, admitió un total de 382 denuncias de personas que afirmaron ser víctimas de persecución política-judicial durante el Gobierno del MAS.
Dicha entidad fue establecida a finales de 2019, con el objetivo de recibir denuncias y atender a personas que sufrieron la privación de su libertad o exilio debido a la persecución política mediante mecanismos judiciales, en el periodo entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019, tiempo en que gobernó Evo Morales.