La Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB) estimó que nueve de cada 10 personas que se dedican al ramo han sido retiradas de sus fuentes de trabajo y no generan ingresos desde marzo a la fecha debido a la crisis generada por la pandemia COVID-19.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó este miércoles que a julio de este año la tasa de desocupación subió a 11,8%, superior al 9,6% registrado en junio.
El director del INE, Yuri Miranda Gonzales, indicó que de ese 11,8% de tasa de desocupación, un 7,9% se explica por la pandemia, porque de no haberse presentado la emergencia sanitaria, se estima que la desocupación iba a ser del 3,9%.
El Gobierno aprobó este jueves un Decreto Supremo que determina una fase post confinamiento en la cuarentena, con flexibilización de las medidas de restricción y ampliación de los horarios permitidos para la circulación.
En el tema de horarios, se podrá circular hasta las ocho de la noche (actualmente es hasta las seis), mientras que en fin de semana se permitirá la circulación y comercio hasta las cuatro de la tarde.
Las medidas principales son las siguientes:
Tras difundir su informe de los hechos de octubre y noviembre de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió diversas críticas.
Uno de los cuestionamientos vino de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) que criticó dicho informe por tener falencias y ser parcializado, al registrar solo una parte de lo ocurrido el pasado año.
La Asamblea Legislativa Plurinacional determinó remitir a la Comisión Mixta de Economía las observaciones que realizó la presidenta Jeanine Añez a la ley del Bono Contra el Hambre, con el objetivo de hacer su análisis antes de decidir promulgarla o modificarla.
La Ley, que crea un bono de Bs1.000, ya fue sancionada por el Legislativo el 13 de agosto, sin embargo, Añez observó la norma y la devolvió a la Asamblea.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió una nota al Gobierno argentino, a través de su embajada, haciendo notar su queja debido a una “abierta injerencia” de parte de autoridades de ese país en el proceso electoral boliviano.
La reacción surge después de que un alto funcionario argentino, Edgardo Depetri, que ejerce como subsecretario de Obras Públicas de la Nación, tuiteó que tuvo una reunión con Evo Morales y se comprometió a fortalecer la participación de migrantes bolivianos en la elección presidencial del 18 de octubre de 2020.
La canciller Karen Longaric, mediante una carta, alertó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que existe una injerencia de parte del Gobierno argentino en temas electorales de Bolivia, por lo cual se pone en duda la transparencia del voto de los residentes en ese país para el 18 de octubre.
Fuente: La Nación
El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, instó a los sectores, personas y abogados que tienen algún interés dentro de los procesos que lleva adelante el Ministerio Público a que se apersonen, acrediten su interés legal y cooperen en el marco la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal con el desarrollo de las investigaciones y no politicen estos hechos, declaraciones que realizó a propósito de los casos sobre delitos registrados durante el bloqueo de caminos.
Tras denuncias públicas sobre la adquisición de respiradores chinos, el Gobierno salió a negar que haya un sobreprecio. Explicó que si bien el precio en fábrica era de $us18.500 la unidad, hubo otros gastos de logística, papeleos y accesorios que hicieron incrementar el precio a $us35.000.
“La fábrica le vende en 18.500, Bolivia paga $us35.000”, manifestó el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, a tiempo de detallar los gastos y negar que haya existido irregularidades.