La Fiscalía informó que, entre miércoles y jueves, se han postergado dos audiencias en contra de Luis Revilla y que, en ambos casos, el exalcalde tiene en su contra el pedido de ser encarcelado con detención preventiva.
El primer caso es por presuntas irregularidades con el desayuno escolar, mientras que el segundo tiene que ver con un presunto sobreprecio en la compra de buses PumaKatari.
Tras no asistir a una audiencia cautelar este jueves, Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, ha sido declarado en rebeldía por un juez, quien además ha dispuesto la orden de aprehensión respectiva, en el marco de un proceso penal por enriquecimiento ilícito.
El fiscal Miguel Cardozo indicó que Arce Mosqueira no ha presentado un justificativo de su ausencia y que, además, no se tiene establecido su paradero.
El juez 10° de Instrucción Penal de La Paz determinó medidas cautelares personales contra una coronel jubilada de la Policía Boliviana, acusada de presuntamente haber ofrecido terrenos policiales en la zona de Alto Següencoma, a cambio de elevados montos de dinero, informó el abogado Abel Loma.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó este miércoles que no corresponde ofrecer una recompensa económica para ubicar al expresidente Evo Morales y sostuvo que el mandamiento de aprehensión vigente debe ejecutarse sin condicionamientos.
“Existe un mandamiento de aprehensión emitido por una autoridad competente, como es un juez. Por lo tanto, este mandamiento tiene que ser ejecutado sin necesidad de poner ningún tipo de precio”, declaró la autoridad.
Representantes de la Fiscalía de Bolivia participaron de una reunión de alto nivel con una delegación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) de Estados Unidos, con la fiscalidad de dialogar sobre la cooperación bilateral en esta área estratégica.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos forma parte del Departamento de Estado de EEUU. Su misión es combatir el tráfico de drogas, mediante herramientas como la asistencia y la diplomacia.
Michael Quiroga, juez de Cuatro Cañadas, fue liberado este martes, luego de haber sido arrestado el martes por la Policía tras una denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La investigación se derivó de la admisión de una acción de amparo constitucional que, según el órgano electoral, podría poner en riesgo las elecciones subnacionales de 2026.
“Él ya se encuentra en libertad. El Ministerio Público le ha dado el cese de arresto”, aclaró el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia.
Omar Escobar Mamani
Un ministro, magistrados, vocales, jueces y fiscales aparecen mencionados en el caso “consorcio”, una trama que, antes de estallar ante la opinión pública, recorrió un camino de llamadas, presiones, reuniones privadas y acuerdos no escritos, según las declaraciones a la que tuvo acceso Erbol.
El juez de Cuatro Cañadas, Michael Quiroga, fue aprehendido este martes luego de haber admitido una acción de amparo constitucional para revisar la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN).
“No habría razón para que esta autoridad haya admitido ese tipo de recurso en esa jurisdicción, cuando existe una ley especial que establece cuáles son los mecanismos que deben cumplir las autoridades jurisdiccionales”, afirmó el fiscal Alfredo Melgar.
La empresa aseguradora UNIVIDA S.A., en coordinación con la Dirección Departamental de Tránsito y Vialidad de La Paz, inició la “Campaña de Prevención Vial 2026 — TU SEGURIDAD ES LO PRIMERO”, una iniciativa que busca concienciar a conductores, pasajeros y peatones sobre prácticas positivas de seguridad vial, especialmente en vísperas de los feriados largos programados para este año.
La Sala Constitucional Primera de El Alto denegó este martes la tutela solicitada contra el Decreto Supremo (DS) 5515, que permite al presidente Rodrigo Paz gobernar a distancia. La acción popular fue presentada por el abogado constitucionalista Wilmer Vásquez.
En su resolución, la Sala señaló que no corresponde que, mediante una acción popular, se pretenda contrastar una norma de carácter general como el DS 5515 con la Constitución Política del Estado (CPE) para establecer su incompatibilidad y dejarla sin efecto.