Las organizaciones sociales de El Alto y el Gobierno nacional firmaron este sábado un acuerdo para encarar de manera conjunta la campaña de información, prevención y lucha contra la expansión del coronavirus.
La Central Obrera Regional y la Federación de Juntas Vecinales expresaron su rechazo a los actos de violencia que fueron protagonizados la noche de viernes y días anteriores, particularmente, en la zona de Río Seco.
La Dirección de Migración informó este sábado que el funcionario despedido el viernes por no cumplir los protocolos de control y seguridad contra el coronavirus en el aeropuerto de El Alto, fue aprehendido en las últimas horas por fuerzas de seguridad.
Tras conocer una versión difundida en el Facebook por un ciudadano que denunció que cuando un pasajero procedente de España no tuvo controles en el aereopuerto, el director de Migración, Marcel Rivas ordenó su despido inmediato y proceso.
La Dirección General de Migración (DIGEMIG) informó que se ha ordenado el despido inmediato y proceso al funcionario Eddy M. por el delito de incumplimiento de deberes, en los controles contra el coronavirus.
El despido surge debido a una denuncia de un ciudadano a través de Facebook, en la cual relató que llegando al Aeropuerto no hubo controles para un pasajero que llegó de España, a pesar de que el mismo había preguntado al respecto.
La Policía atrapó al sujeto, de profesión abogado, que publicó un video en redes sociales que causó alarma porque se menciona un presunto caso de coronavirus en un centro de salud en La Paz. Sin embargo, el individuo se ratificó en que el video es real y señaló que quienes deben aclarar las cosas son las médicos que aparecen en la filmación y hablan del tema.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, comandó este jueves la expulsión del país de tres reos brasileños, pertenecientes a la banda criminal PCC (Primer Comando de la Capital), quienes fueron entregados a las autoridades de su país de orgien.
“Los estamos expulsando absolutamente a todos, porque son ciudadanos que le están haciendo daño a la sociedad boliviana”, manifestó Murillo.
Entre los expulsados se encuentra Mariano Tardelli, implicado en el asalto a un vehículo blindado de la empresa Brinks en 2017.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervino la tarde del miércoles una “casa de citas”, ubicada a una cuadra de la plaza Murillo, que estaba funcionando en horario restringido por la cuarentena dispuesta ante el coronavirus.
En la intervención se arrestó a siete personas, de las cuales cuatro son de sexo femenino, indicó el coronal Juan José Millán de la FELCC.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz ha iniciado de oficio la investigación para identificar al responsable de la difusión de un video en el cual se denunciaba un caso de coronavirus en un centro médico, y cuya veracidad después fue desmentida.
Dicho video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra presunto personal médico en un centro de salud mencionando que se debía fumigar y que el caso enviado al “Obrero” era positivo. El dato fue desmentido por la Caja Nacional de Salud.
La Policía informó que, durante la primera jornada de cuarentena nacional, se organizaron grupos de choque en la Ceja de El Alto, cuyo objetivo era azuzar al resto de la población para enfrentarse a las fuerzas del orden.
“Algunos acatan normalmente, pero hay renuentes, incluso hay grupos de choque que quieren enfrentarse a la Policía en la Ceja de El Alto. No lo vamos a permitir”, indicó el comandante regional, coronel Tito Lucero.
Después de haber llegado al país el sábado y, además, haber asistido a sus fuentes laborales hasta este miércoles, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se sometieron a aislamiento preventivo como medida de prevención debido al coronavirus, informó la presidenta de la entidad, María Cristina Díaz.
El Juzgado Tercero de Anticorrupción de Santa Cruz dictó sentencia condenatoria de 30 años de cárcel para Mario David Roca Landívar, por el delito de feminicidio de su concubina Carmen P.M.A de 21 años de edad.
El imputado, mediante su abogado, solicitó someterse a procedimiento abreviado donde reconoció el delito y pidió perdón a la familia, informó la Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia.