La Fiscalía informó este lunes que está solicitando a la justicia una pena de ocho años de privación de libertad contra el alcalde Iván Arias, por un presunto nombramiento ilegal que habría realizado cuando era Ministro de Obras Públicas en 2020.
En este caso, Arias tiene acusación formal por los delitos de Nombramientos Ilegales, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes.
La Fiscalía presentó acusación formal contra el alcalde de La Paz, Iván Arias, para llevarlo a juicio penal por el presunto nombramiento ilegal de un funcionario cuando era Ministro de Obras Públicas.
En este caso, Arias fue denunciado por haber nombrado en enero de 2020 al ciudadano Eddie G.R. como director Ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz, cuando éste no cumplía los requisitos.
El Fiscal de Materia Miguel Aramayo Céspedes presentó el 11 de marzo reciente, la acusación formal contra los miembros de la excomisión de fiscales que investigó el caso del Bebé Alexander, Edwin Blanco Soria y Jeanette Susana Boyán Téllez, por la presunta comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, informó que la Policía ejecutó la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público en contra de Juan Carlos O.A., de 42 años de edad, por el delito de violación, por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de 36 años, quien abordó su taxi. El sujeto tiene antecedentes por el mismo delito, situación que hace presumir a la Fiscalía que se trata de un "violador serial".
El presidente Luis Arce emitió el pasado 9 de marzo el Decreto Supremo 4682 por el cual crea el Sistema Estado Digital Antecedentes Policiales ED-1 para el procesamiento, verificación y emisión del Certificado Único Digital de Antecedentes Policiales (CUDAP) en un plazo de 120 días, previa regulación que fue encomendada al Ministerio de Gobierno.
El resultado de un examen de ADN, emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín no es el padre de la menor en el caso de la denuncia de supuesto abandono de una mujer embarazada.
Según la parte conclusiva del documento al que accedió este medio señala que “la muestra sanguínea del señor: Waldo Albarracín y de la menor Jade Z. A. no son genéticamente compatibles para una relación de paternidad biológica".
El Ministerio Público imputó por extorsión a la ciudadana Melvi T.S., quien es pasante de un fiscal en La Paz y que habría solicitado un soborno para direccionar un proceso penal por violencia familiar.
La información fue proporcionada por la fiscal Jenny Benitez, quien indicó que la pasante fue aprendida el jueves.
Según el informe, la pasante fue denunciada por haber pedido 6 mil bolivianos a la parte sindicada de un caso de violencia familiar, a cambio de que se emita una resolución de rechazo de la denuncia.
Desde su desaparición, la Policía efectuó entre 23 a 24 operativos para dar con el paradero de la bebé Daylin, informó el comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, quien anunció que se continuará con su búsqueda.
El jefe policial se sumó a las declaraciones del fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, quien descartó que la bebé encontrada en un micro sea la menor raptada a fines del pasado año en la ciudad de La Paz.
Un niño de un año y tres meses falleció trágicamente en la ciudad de El Alto, debido a que se ahogó en un contenedor de agua, tipo bañador, cuando juagaba en su domicilio, informó el subdirector de la fuerza anticrimen, coronel Juan José Donaire.
El caso se registró la tarde del jueves en la zona de Senkata.
Según el reporte policial, la madre del niño realizaba actividades en la cocina, mientras que su hijo estaba en otra habitación jugando con el contenedor de agua.
El Concejo Municipal de El Alto aprobó este jueves una ley que obliga a trasladar operaciones del transporte terrestre de pasajeros y transportadoras de carga interprovincial, interdepartamental e internacional a la recientemente entregada Terminal Metropolitana.
La concejala Fabiola Furuya explicó que, con la promulgación de esta norma, las empresas que no hubieran licitado una caseta dentro de la Terminal Metropolitana tendrán un plazo de 72 horas para hacer el contrato e ingresar de manera obligatoria al predio.
