La expresidenta Jeanine Añez afirmó que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer excluyó como prueba un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de 2019 cuando asumió la Presidencia de Bolivia.
La presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Grenny Bolling, informó que existe una preocupación de su sector debido a que los funcionarios judiciales no serían beneficiados con el alza salarial de este 2022 y estaría pendiente una reposición salarial desde el año pasado.
“Algunos” efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) cuentan con antecedentes penales y administrativos, reveló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien informó que la Inspectoría General de la Policía solicitó ampliar el plazo para la realización de la prueba del polígrafo.
“Hemos recibido un informe preliminar solicitando un par de días ampliatorios por parte del Inspector General. Hemos podido detectar que algunos efectivos policiales cuentan con antecedentes penales, antecedentes administrativos”, afirmó la autoridad.
Por tercera vez, la justicia determinó ampliar la detención preventiva del almirante Flavio Arce San Martín, exjefe del Estado Mayor, en el caso denominado “golpe de Estado I”, informó su abogado Roger Valverde.
El almirante fue aprehendido en marzo de 2021 y se le dictó detención en la cárcel de San Pedro por seis. Al culminar ese plazo, se dictó otros seis meses de encarcelamiento.
La justicia determinó enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva a Juan Carlos P., presunto autor del doble infanticidio de sus hijos, hecho ocurrido en la comunidad Copacabana de la provincia Inquisivi de La Paz.
También se determinó la detención domiciliaria de la concubina del principal acusado, quien también está implicada en este caso.
La fiscal Nilda Calle indicó que el plazo de la detención preventiva del sujeto es de cinco meses, mientras se desarrolla la investigación.
Tras un intenso rastrillaje, la Policía descartó este viernes la amenaza de bomba en el edificio de la Caja Petrolera de Salud (CPS) ubicado en El Prado de la ciudad de La Paz que había sido alertada en horas de la mañana.
La advertencia ocurrió cerca de las 09.10 cuando se dieron al menos dos llamadas anónimas señalando que había un artefacto explosivo que iba afectar a una persona que se encontraba al interior del inmueble, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Ismael Villca.
La Policía realizó una intervención en el denominado “Barrio Chino” de El Alto, donde logró recuperar 63 teléfonos celulares de procedencia presuntamente ilegal y se arrestó a 12 personas que los comercializaban.
La información fue proporcionada por el mayor, Rolando Espinoza, jefe de la División Delitos contra la Propiedad en El Alto, quien indicó que el operativo se realizó luego de un trabajo de inteligencia de parte de la policía.
La expresidenta Jeanine Añez informó, en audiencia, que ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra los delitos que se le acusan en el caso denominado “golpe de Estado II”, por lo cual solicitó a los jueces que no haya sentencia en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie al respecto.
Añez explicó que la acción de inconstitucionalidad abstracta se presentó contra los tipos penales de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes y el de Incumplimiento de Deberes.
Las personas que son aprehendidas por la Policía y luego presentadas públicamente ante los medios por autoridades de Estado fue rechazado por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) debido a que se vulnera el principio de presunción de inocencia.
Para evitar que esto vuelva a ocurrir, la presidenta de esta asociación, Grenny Bolling, planteó la elaboración de un anteproyecto de ley donde se establezca la prohibición a esa acción, que considera es contraria a la normativa vigente.
La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) planteó que los “todos” los funcionarios públicos puedan ser incluidos en un proyecto de ley donde se sancione el delito de prevaricato, afirmó su presidenta, Grenny Bolling.
La jurista afirmó que su sector rechaza la posibilidad de que exista una ampliación en la pena de hasta 20 años, como se encuentra establecido en un proyecto de ley, aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril y que incluye no solo jueces sino también, a fiscales.
