Seguridad

La Armada Boliviana denunció este domingo agresiones y actos de vandalismo contra personal militar y vehículos institucionales durante la ejecución del operativo “Corredor Humanitario” en distintos puntos de bloqueo de las ciudades de La Paz y El Alto.

Según un comunicado oficial, los ataques ocurrieron cuando efectivos navales retornaban tras cumplir tareas destinadas a restablecer la libre circulación y garantizar el abastecimiento de combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales para la población.

La Fiscalía General del Estado informó este domingo sobre un atentado criminal contra un fiscal de materia en el municipio de Bermejo, departamento de Tarija, luego de que un artefacto explosivo fuera activado en el vehículo de la autoridad judicial. Tras el hecho, el Ministerio Público conformó una comisión de fiscales para iniciar una investigación “rigurosa, objetiva y transparente” destinada a identificar y aprehender a los autores materiales e intelectuales.

Luego de la intervención policial-militar en distintos puntos de bloqueo de la ciudad de El Alto, grupos de manifestantes volvieron a reagruparse la tarde de este sábado para resistir la presencia de las fuerzas del orden, principalmente en la avenida Juan Pablo II, donde persiste un ambiente de tensión y constantes enfrentamientos verbales con los efectivos desplazados en tareas de vigilancia y contención.

Contingentes de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, han desplegado desde la madrugada un operativo simultáneo para desbloquear en particular las carreteras desde La Paz hacia Oruro y Copacabana, aunque se registra resistencia de los manifestantes.

El desbloqueo comenzó en la madrugada y se prolonga hasta horas de la mañana, en medio de enfrentamiento con los manifestantes y detenciones. Los efectivos usan gases lacrimógenos, mientras que los bloqueadores lanzan piedras a los efectivos.

La Sala Constitucional Segunda ordenó a dirigentes, organizaciones y participantes movilizados abstenerse de promover o mantener bloqueos violentos, indefinidos o que impidan servicios esenciales, tras conceder parcialmente una Acción Popular vinculada a las protestas y bloqueos registrados en el país.

Una comisión del Consejo de la Magistratura destacó los avances alcanzados en las oficinas de Derechos Reales (DDRR) de El Alto, tras advertir la reducción de las filas y agilización de los trámites.

El director nacional de Control del Consejo de la Magistratura, Marco Antonio Ibáñez Tórrez, encabezó una inspección de fiscalización en esas dependencias y señaló que se evidenció un “avance significativo” en la aplicación de lineamientos institucionales orientados a mejorar la atención ciudadana.

Una joven de 20 años falleció en la ciudad de El Alto, luego de no poder ser trasladada oportunamente a un hospital, debido a los bloqueos, informó la Policía.

El coronel René Tambo confirmó que se trata de la tercera persona fallecida en circunstancias similares, de emergencia médica y dificultades en su traslado a causa de los bloqueos.

Detalló que la joven tenía problemas de base y fue atendida por familiares y una ambulancia, pero debido a los bloqueos no pudo llegar de manera pronta a un hospital.

En el contexto del conflicto político y social, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 5620, mediante el cual dispone el pago del “Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía Boliviana” para los efectivos del verde olivo en esta gestión 2026.

Según la norma, este bono se otorgará por única vez, como reconocimiento a la labor de “defensa de la sociedad y la conservación del orden público”.

La Policía logró el miércoles la captura de un hombre de 22 años de edad, quien fue sorprendido con material explosivo que supuestamente iba a distribuir a los puntos de bloqueo.

La captura se desarrolló en la zona Ballivián de El Alto, luego de denuncias anónimas. El hombre estaba en un vehículo, donde se encontraron fulminantes y rollos de mecha de seguridad en bolsas de yute.

Iglesias Evangélicas Unidas presentó una Acción Popular contra instituciones del Estado y dirigentes de sectores movilizados, con el objetivo de que se disponga el levantamiento de bloqueos y se restablezca la libre transitabilidad en el país.

El abogado patrocinante, Ramiro Carrillo, informó que la acción fue presentada inicialmente contra el presidente del Estado, al considerar que la Constitución le faculta declarar Estado de Excepción ante una situación de “convulsión interna”.