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El embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, planteó que Eugenio Zaffaroni sea apartado como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), puesto que el mismo también funge ahora como abogado de Evo Morales.

“El Abogado Zaffaroni, cumple funciones de abogado de Evo Morales, las que son incompatibles con su puesto de Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte debe separar a  un agente político que la desprestigia”, publicó Aparicio en su cuenta de Twitter.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, anunció que esta gestión se planteará un proyecto de ley de protección para personas que denuncien actos de corrupción.

El Ministro señaló que se toma como base una propuesta del senador Oscar Ortiz para el desarrollo de la normativa.

“Tenemos esa base de esa ley que presentó Oscar Ortiz y la vamos a presentar en esta gestión a la Asamblea”, indicó Coimbra, en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL. 

Mujeres, organizaciones y  feministas autoconvocadas contra la violencia se declararon indignadas y movilizadas ante los crecientes feminicidios y otros hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Por ello, demandaron una Estrategia Nacional de Prevención contra los feminicidios y toda forma de violencia contra las mujeres.

Luego de 10 años fuera del país, el exlíder cívico cruceño Branko Marinkovic llegó este martes a Santa Cruz, donde anunció que su trabajo político será de buscar la unidad para asegurar una victoria electoral.

“El trabajo mío será la unidad de todos nosotros para que aseguramos la victoria en las próximas elecciones, esa unidad necesaria para tener una democracia plena y nunca más sufrir el abuso de un tirano”, manifestó en su arribo al Aeropuerto de El Trompillo.

Organizaciones sociales convocaron a una Cumbre para el martes 21 de enero, con el objetivo de defender la democracia en contra de la amenaza de Evo Morales de crear milicias armadas las de Venezuela, informó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

El dirigente médico indicó que se está convocando a sectores originarios, campesinos, regantes, transportistas, cocaleros, interculturales, mujeres, comités cívicos, entre otros.

El exministro Carlos Romero solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que de manera urgente le otorgue medidas cautelares de protección, informó su abogado Andrés Zúñiga.

El jurista mencionó como antecedentes que recientemente la CIDH ha otorgado medidas cautelares a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, el delegado defensorial Nelson Cox y la abogada Mary Carrasco.

La condición de refugio político que goza Evo Morales ya tiene cuestionamientos en Argentina, debido a sus declaraciones en las cuales expresó su idea de crear “milicias armadas” en Bolivia, como las que existe en Venezuela.

La Unión Cívica Radical (UCR), un partido de más de 100 años de historia y con importante presencia legislativa, emitió un comunicado titulado “¿Podremos seguir dando refugio a Evo Morales?”.

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga advirtió que “el plan de Evo Morales es dar un golpe judicial” el 22 de enero, haciendo que el Tribunal Constitucional no emita el fallo de ampliación excepcional de mandato del Ejecutivo y Legislativo.

Dijo que la intención de Morales es retomar el poder vía de una “judeocracia, un gobierno de jueces, para robarse nuevamente la elección” y llamó a la población boliviana estar en estado apronte y vigilar el trabajo del TCP en la ciudad de Sucre.

Dos legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) revelaron que, internamente algún sector, no quiso ir al referendo del 21 de febrero de 2016 y que, tras conocer los resultados de la consulta, el expresidente Evo Morales estaba de acuerdo en respetar los resultados.

Comentaron que tras la derrota del SI, inmediatamente ya habían cinco candidatos para suceder a Evo Morales., pero su entorno influyente se encargó de buscar vías para que repostule a un cuarto mandato.

El ex gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Oscar Coca, observó ante el Fiscal Anticorrupción de La Paz, que Entel no es una empresa pública sino privada y no está alcanzada por la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con ese argumento pidió a la Fiscalía rechazar la denuncia en su contra planteada por el actual gobierno.

Coca fue denunciado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias por presunto daño económico de 1.700 millones de bolivianos.