Un policía que trabaja en el Tribunal Disciplinario de La Paz, Jesús F.F.E. y un expolicía Jitler N. M. M. fueron sentenciados en 2019 por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, el primero con cuatro años de privación de libertad y el segundo con tres. La  sentencia  fue ejecutoriada el 21 de marzo de 2022, después de que se resolviera los recursos legales de apelación, casación entre otros.

“Téngase por radicado el presente cuaderno de autos con SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA dentro del proceso penal fenecido seguido por el MINISTERIO PÚBLICO en contra de F. E. Jesús F. (cuatro años de privación de libertad) y M. M. Jitler N. (tres años de privación de libertad) mediante sentencia número 48/2019 de fecha 26 de abril de 2019 por el delito de USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICOS PÚBLICOS (…)” se lee en la resolución al que accedió ERBOL.

También, en la resolución dispone que por secretaria se emita los mandamientos de captura para ambos penados y la misma se verifique por el departamento de trabajo social.

Según los documentos al que accedió este medio, el juez tercero de ejecución penal en suplencia del juzgado cuarto de ejecución penal emitió el 7 de abril de 2022 los mandamientos de captura para estas dos personas.

Sin embargo, la víctima en este caso, la ciudadana Verónica C., denunció que los mandamientos no se cumplen.  “Lo que me dicen en la FELCC es que no tienen personal. Me tienen yendo y viniendo y no me dan ninguna respuesta”, manifestó.

También cuestionó que el Comando Departamental de la Policía de La Paz no se pronuncie, ya que son víctimas dentro del caso.

La denuncia contra los efectivos surge a raíz de un allanamiento ilegal que habría realizado el policía Jitler M. junto a un familiar (hermano estudiante de Derecho), cuando ingresó al domicilio de doña Verónica C. en 2011. Producto de ese accionar, la afectada le inició un proceso por allanamiento ilegal, en la cual logró una sentencia ejecutoriada para el policía y su familiar, con una sentencia de un año y medio.

Dentro de ese proceso, el entonces asesor jurídico del Comando Departamental de La Paz, Jesús F. F. E., asistió como defensa legal a Jitler M. y su hermano en ocho actuados, a pesar de que se trataba de un caso particular.

Según la sentencia, este policía no debió intervenir en este proceso como defensa legal, porque no es parte de sus funciones. El argumento jurídico consiste en que la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía impide que un servidor público patrocine casos particulares. 

“Artículo 7mo.- (inhabilitación e impedimentos). II. La servidora y servidor público de profesión abogada o abogado, está impedido de patrocinar casos particulares, salvo el caso de patrocinio en causa propia, la de sus ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.”, argumenta la sentencia entre algunos aspectos.

En su defensa, el expolicía Jitler M. señaló que la denunciante le inició el proceso hasta sentenciarlo por un tema de “revanchismo”, por haber iniciado una demanda penal a los hermanos de la misma por el delito robo.

Señaló que aún no fue notificado con la sentencia ejecutoriada, sin embargo,  anunció que presentará el recurso legal de revisión de caso al considerar que no se desarrolló el proceso de manera correcta.

Asimismo, este medio intentó comunicarse con el efectivo policial Jesús F. F. E., pero no obtuvimos respuesta.

El Director General de Investigación Policial Interna, coronel Benjamín Burgoa, señaló que en base a la Ley 101 de la policía los efectivos que cuenten con una sentencia ejecutoriada son dados de baja inmediatamente de manera definitiva.

“Con relación a eso, la Ley 101 es clara y nos faculta para que un funcionario policial que llegue a tener una sentencia ejecutoriada, el mismo es suspendido su sueldo y posteriormente alejado de las filas de la Policía Boliviana. Es una baja definitiva por haber incurrido en este caso en un delito”, dijo el coronel a ERBOL. (O.E.M.)