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Suman nueve órdenes de allanamiento y cuatro personas cauteladas por el caso YLB

El juez Córdova lleva adelante el caso.

Dentro del marco de las investigaciones del caso de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), esta semana finaliza con nueve órdenes de allanamiento y cuatro personas que enfrentaron su audiencia de medidas cautelares. Entre estas últimas, la justicia ha dictaminado la detención domiciliaria para tres, incluido el exministro Alberto Echazú, mientras que un ingeniero ha sido puesto en detención preventiva.

La información fue proporcionada por el juez encargado del caso, Iván Córdova, quien explicó que las nueve órdenes de allanamiento tienen un plazo máximo de 96 horas para ejecutarse desde su emisión.

"Se han emitido órdenes de allanamiento, sí; pero aquí solicito cierto grado de reserva para preservar la investigación. Sin embargo, es importante destacar que estas órdenes tienen una validez máxima de 96 horas", indicó Córdova a radio ERBOL.

Además, el juez cautelar informó que la Fiscalía ha iniciado la investigación contra 11 personas, pero tras el fallecimiento de uno de los investigados, el exgerente ejecutivo de YLB, Juan Carlos Montenegro, se ha extinguido la investigación hacia él. Por lo tanto, ahora hay 10 personas sindicadas, de las cuales cuatro ya fueron cauteladas. 

"En el caso del señor Echazú, debido a su estado de salud y edad, se ha tomado la decisión de aplicar una medida menos restrictiva. Respecto a los otros dos individuos bajo arresto domiciliario, la Fiscalía los acusa únicamente de incumplimiento de deberes. En cuanto al cuarto individuo, además de incumplimiento de deberes, se le acusa de conducta económica ilícita", explicó el juez Córdova sobre las medidas tomadas durante la audiencia realizada esta semana en distintos días.

La investigación en este caso se origina por la construcción de 18 piscinas de evaporación en la planta de carbonato de litio del Salar de Uyuni, que presuntamente estaban mal diseñadas y cuyos materiales no fueron adecuados, lo cual habría ocasionado un daño económico al Estado estimado en 425 millones de bolivianos.