Tras seis años de haberse iniciado la investigación por irregularidades que se cometían en el extinto local nocturno Katanas, ubicado en el centro de la ciudad de La Paz, el Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz dictó sentencia para Marco Hernán Cámara Rodríguez a 15 de cárcel en la cárcel de Chonchocoro. Dentro del mismo proceso fueron condenadas otras tres personas que van de 10 a 12 años de reclusión  en San Pedro.

Cámara, quien era el propietario del establecimiento, se encontraba recluido preventivamente en el penal de San Pedro, sin embargo, con la determinación judicial deberá cumplir lo dispuesto por el tribunal en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Viacha por el delito de trata y tráfico de personas, informó la abogada Paola Barriga.

El mismo Tribunal sentenció a Jaime Mendoza Cabrera, exfuncionario de la Alcaldía de La Paz, con 10 años de presidio. Mientras que Miguel Ángel Nina Serna, exchofer de la Guardia Municipal también a 10 años de presidio.

La investigación estableció que este exfuncionario edil fungía como “campana” o quien alertaba al administrador del local Katanas sobre los operativos para que las jóvenes explotadas sean ocultadas dentro de las paredes falsas.

Mientras que el coronel de la Policía Freddy Sergio Beyer, perteneciente a la Unidad Policial de Control Migratorio (UPCOM) también fue sentenciado a 12 años de reclusión en San Pedro. Contra el uniformado se estableció que tenía contacto con el administrador de Katanas.

Contra los tres últimos por el delito de trata y tráfico de personasen grado de complicidad y cohecho pasivo.

La denuncia fue interpuesta en 2016 por la hija del propietario,  Nohemy, quien acusó a su padre de “violar a muchas mujeres” que trabajan en el local. Además, había cuestionado la participación de algunos funcionarios ediles que propiciaron su funcionamiento ilegal.

De los tres sentenciados, Mendoza y Nina tenían detención domiciliaria mientras que el uniformado se encontraba en libertad y cumpliendo funciones en la institución del orden.

“Sentimos  que se ha hecho justicia por toda esas jovencitas que lamentablemente han tenido que sufrir vejámenes y que nunca pudieron decir su verdad”, consideró Barriga quien afirmó que durante el juicio se presentaron más de 50 pruebas.

Recordó que durante los allanamientos en 2016 al extinto local nocturno se logró encontrar más de 300 cédulas de identidad, una serie de pasaportes, paredes falsas donde eran ocultadas las jóvenes y salidas secretas que solo conocían los administradores para eludir a los controles.

El pasado de 28 de julio de 2020, el administrador del local nocturno Gustavo Fernández, otro de los procesados, se sometió a un procedimiento abreviado donde reconoció que incurrió en el delito de trata y tráfico de personas para captar y trasladar a las mujeres al club nocturno.