“Si estoy acá es porque confío en el derecho y la justicia, porque quien nada ha hecho se queda a dar la cara”. Así el exministro de Gobierno, Carlos Romero, se defendió ante un juez durante su audiencia de Acción de Libertad, en la cual denunció violaciones a sus derechos y exigió un proceso limpio.

Romero, quien también es abogado, expuso sus alegatos con vehemencia reclamando contra lo que calificó como un “absoluto pisoteo del derecho procesal”. Asimismo, se declaró perseguido político.

“Soy inocente. Y todo esto que me está pasando es por haberme quedado. Porque cuando alguien se va, dicen: ‘¡huyó!’ y, ¿saben qué?, yo no he hecho nada malo. A mí no me van a encontrar nada”, afirmó.

Reveló también que muchas personas le recomendaron que salga del país. “Yo tenía todas las oportunidades para irme”, sostuvo.

A diferencia de Romero, otros exministros de Evo Morales optaron por salir del país o refugiarse. Entre ellos, Gabriela Montaño, Óscar Coca y Gisela López se fueron a Argentina, mientras que Héctor Arce, César Navarro, Wilma Alanoca, Hugo Moldiz, Javier Zavaleta y Juan Ramón Quintana se asilaron en la residencia diplomática de México.    

Con vehemencia también, denunció que en el hospital donde estaba internado manipularon su alta médica para apresarlo. “Estaban manipulando mi alta médica para que de la cama yo salga del brazo de los que me iban a detener”, afirmó la exautoridad.

También se quejó de la detención de un funcionario del Ministerio de Gobierno, quien aseveró que era mensajero a quien le pidió preguntar sobre la retención de su aguinaldo, pero fue detenido como si fuese un infiltrado suyo. 

Dijo que lo que está ocurrido es un  linchamiento: “Yo de ser es que ha perseguido la corrupción, ahora me quieren linchar por órdenes superiores”, agregó. 

“¡Somos misioneros de la justicia. Yo invoco justicia!”, insistió el exministro.

Habló también de la situación de la salud de su progenitora: “Mi madre tiene 85 años, está muy delicada de salud, como mujer sola, como mujer jefe de familia tengo la obligación” de atenderla, sostuvo.

Denunció que en el proceso penal que se le sigue por el caso UELICN se han hecho “trampas” y que se adulteró documentación en el expediente, por lo cual demandó al juez que corrija las irregularidades.    

“Exijo que se juegue limpio”, exclamó Romero .

El juez que conoció la Acción de Libertad decidió denegarla, bajo el argumento de que las denuncias de Romero deben ser tratadas por el juez cautelar de la causa.