El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, adquirió nueve inmuebles que no fueron registrados en su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado y además de recibir depósitos, de terceras personas, por montos económicos millonarios.

Las investigaciones comenzaron desde 2021, año que la exautoridad y su exasesor jurídico, Gabriel D. A., habrían ejercido funciones en el actual Gobierno, pero en otras instituciones del Estado.

El exasesor jurídico habría declarado como patrimonio una motocicleta y un anticrético de Bs 350.000, mientras que Lisperguer solamente señaló tener un inmueble en la ciudad de Cochabamba y una deuda bancaria por Bs 150.000, según el fiscal Miguel Cardozo a ERBOL.

Posteriormente, en su ampliación de su declaración jurada, ambos habían incrementado su patrimonio. Gabriel D. A., ya tenía a su nombre tres vehículos de alta gama y un incremento en su anticresis de Bs 450.000.

En tanto que el exministro registró a su nombre nueve bienes inmuebles en diferentes partes del país, aunque la mayoría se encuentra en la ciudad de Cochabamba.

El incremento “desproporcionado” de los bienes que poseían, tanto Lisperguer como su exasesor, no conducen con los salarios que percibían, ya que tampoco contaban con otra fuente de trabajo al margen de la función pública.

Las millonarias transferencias bancarias fueron realizadas por terceras personas en favor de ambos. Entre los montos que habrían recibido se encuentran por Bs 200.000, Bs 350.000, Bs 70.000, entre otros, ya sea por cheques, QR y depósitos.

La viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, informó que se realizó una investigación “minuciosa” que develó que ambas personas tenían movimientos millonarios e “inusuales” en sus cuentas.

“Esta investigación ha surgido a raíz de una denuncia que ha sido presentada ante el viceministerio, donde se detallan, justamente, algunos cobros irregulares, algunos movimientos inusuales en el patrimonio de estas dos personas”, indicó.

Lisperguer fue destituido de su cargo por el presidente Luis Arce quien remarcó que no tolerará ningún indicio o acto de corrupción en su Gobierno.

La Fiscalía abrió la investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada. ///agc