Cindy Saraí V., presunta víctima de Evo Morales, envió una solicitud al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, para que se amplíe la investigación por trata de personas contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

De acuerdo a un documento que circula en redes sociales, la joven relata que el 26 de agosto de 2019, Del Castillo, entonces Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, se presentó en su domicilio en Yacuiba, Tarija, para pedirle que se fuera a Argentina.

El motivo para hacerle la solicitud se debe a que su vida se encontraba en peligro, bajo el argumento de que la “derecha” pretendía atentar contra su vida debido a su “trabajo para atraer votos”.

Inicialmente, Cindy Saraí se negó a abandonar el país, pero ante la insistencia, decidió aceptar el pedido. El ahora Ministro de Gobierno se habría encargado de cubrir con todos los gastos del viaje y trámites, según el documento.

Para salir del país con su hija menor, afirmó que Del Castillo obtuvo un permiso mediante la entonces juez de familia de Yacuiba, Sandra Gutiérrez, hoy Fiscal Departamental de Tarija. El permiso también habría incluido a los dos hermanos de la presunta víctima. Las solicitudes fueron negadas inicialmente por otro juez, pero Gutiérrez habría dado dio luz verde a las solicitudes.

El 28 de agosto de 2019 se habría concretado la salida de Cindy Saraí hacia Buenos Aires, vía terrestre. En el vecino país se quedaron entre septiembre y octubre y durante ese tiempo, Del Castillo le habría solicitado tramitar su pasaporte y el de los menores.

No obstante, ante la incertidumbre de su situación fuera del país y la falta de respuestas, decidió regresar a Bolivia junto a su familia por un punto no autorizado.

“Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, como autor, y la abogada Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, como coautora, ahora pretenden ocultar su participación. Me encuentro en total indefensión y acudo a su autoridad en busca de auxilio, pues no cuento con garantías constitucionales ni con la seguridad jurídica necesarias para un debido proceso”, refiere Cindy.

En el documento, firmado por la presunta víctima de Evo Morales, con fecha 26 de diciembre de 2024, también pide que se investigue un presunto intento de secuestro ocurrido el 2 de octubre donde habrían participado por tres presuntos policías cerca de la escuela de su hija. ///oem