El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Julio Egüez, consideró positiva la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló la convocatoria para la preselección de postulantes a magistrados y estableció que la Asamblea Plurinacional apruebe una nueva con dos tercios.

Destacó que, con la aprobación por dos tercios, se obliga a que los políticos de oficialismo y oposición se pongan de acuerdo y elijan a precandidatos mediante criterios comunes.

“Lo vemos positivo, porque es un tirón de orejas. Es un reencauzamiento del orden constitucional en cuanto al proceso de elección a magistrados. Pareciera que el Tribunal Constitucional ha querido desprenderse de la injerencia política y ha dicho ‘bueno señores, ahora todos ustedes en la Asamblea se ponen de acuerdo para sacar una ley y un reglamento de la convocatoria, donde se cumpla primero con la Constitución y luego se respeten los derechos no constitucionales de los candidatos’”, dijo Egüez en entrevista con ERBOL.

El presidente del Colegio de Abogados consideró que los magistrados no sacaron ese fallo con la intención de prorrogarse en el cargo, porque considera que la sentencia es coherente a la luz de la Constitución Política del Estado.

Dijo que con la sentencia se corrigen los sesgos  políticos de la Asamblea y le corresponde a ésta resolver lo más pronto posible para viabilizar las elecciones judiciales.  

Ante la posibilidad de que no se puedan realizar elecciones judiciales este año y haya un posible vació de poder judicial, Egüez explicó que por norma un funcionario no puede abandonar el cargo hasta que llegue su reemplazo, por lo cual considera que los actuales magistrados seguirán ejerciendo mientras no se elija a otros.

“Como ellos han sido elegidos por el pueblo entonces el pueblo es quien tiene que designar a sus reemplazantes y, mientras aquello no suceda, pues obviamente que ellos serán los que continuarán al frente”, detalló.

No obstante, el directivo de los abogados se expresó en contra de que los actuales magistrados se prorroguen en el cargo con una ley corta, puesto que eso dejaría un mal precedente en Bolivia, rompería el orden constitucional y sumiría al país de un caos jurídico.