El concejal del MAS-IPSP, Pierre Chain, pidió a la Fiscalía de La Paz incluir la decisión del alcalde Iván Arias de no aplicar la Ley del Perdonazo Tributario, al proceso de investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes en el caso de la Ley de Fiscalización y Auditorías.

Informó que en días pasados ha presentado un memorial explicando a la fiscal Leticia Muñoz asignada al caso, que la Ley 478 debería entrar en vigencia el primer día hábil de este año, ampliando el beneficio de pago de tributos omitidos sin multas ni intereses por las gestiones 2012-2019, hasta el 30 de junio de este año.

Dijo que Arias decidió poner una serie de pretextos en una actitud similar al caso de la Ley de Fiscalización que fue enviada al archivo para eludir su responsabilidad de promulgar de manera obligatoria y luego se justificó con observaciones que fueron enviadas con 22 días de retraso, cuando la norma solo da un plazo de 10 días.

El legislador opositor, informó que por ese motivo instauró un proceso penal en el entendido que la no aplicación de la Ley de Fiscalización impide investigar posibles daños económicos, como el gasto de 3.8 millones de bolivianos por 32 certificados de catastro masivo y que el alcalde Arias hasta el día hoy no brinda información si auditó o no a la gestión de Luis Revilla.

Similar situación se presenta con la Ley del Perdonazo Tributario que en su primera fase concluyó el 31 de diciembre de 2021 y que el Concejo Municipal, antes de declararse en receso en diciembre del año pasado, aprobó por mayoría de votos la ampliación hasta el 30 de junio, según detalla una nota de prensa.

Precisó que las observaciones enviadas por el alcalde no tuvieron respaldo de 2/3 del Concejo, pero igual Arias decidió no aplicar esta ley, perjudicando a varios contribuyentes que desean pagar sin multas ni intereses y no pueden hacerlo porque en las ventanillas de recaudación les dicen que esa ley no está en aplicación pese haber sido publicada por la Gaceta Municipal el 4 de abril de 2022.

El concejal expresó su confianza en el trabajo objetivo de la Fiscalía, tomando en cuenta que el perdonazo tributario es la segunda prueba que respalda la denuncia por incumplimiento de deberes y que involucra a varios funcionarios que bloquearon la Ley 478 y que en su momento tendrán que responder ante la justicia.