La Procuraduría General del Estado anunció que dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a la violación de los derechos humanos de una víctima de violencia sexual que sufrió la revictimización en el proceso judicial respectivo.   

“El Estado boliviano es respetuoso  de las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además que este tribunal internacional valoró de forma positiva, las diferentes leyes que implementa Bolivia en contra la violencia de género, la violencia sexual  y otras que protegen a las niñas, niños y adolescentes, así como las diferentes reformas procesales que buscan facilitar el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia sexual”, señala el procurador Wilfredo Chávez, en un comunicado.

El caso data entre los años 2001 y 2002. La víctima es una mujer que, cuando tenía 16 años de edad sufrió violencia sexual de parte de su primo de 26 años de edad en Cochabamba.

El organismo encontró al Estado boliviano como “responsable internacionalmente” por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez.

Según la Procuraduría, la Corte “destacó” que Bolivia presentó información sobre las medidas de salud para la atención de víctimas de violencia doméstica, como la Ley 2033, que establece el derecho de las víctimas de violencia sexual a “recibir atención de urgencia, material  y médica por los hospitales estatales y centros médicos”, además de “recibir tratamiento postraumático, psicológico y terapia sexual gratuito para la recuperación de su salud física y mental en los hospitales estatales y centros médicos”.

Entre las medidas de reparación en el caso, la Corte IDH, determinó que el Estado debe mantener abierto el proceso penal seguido contra el imputado por este caso e impulse la investigación del caso si hubiere cualquier cambio de circunstancia que lo permita.

Debe adoptar “todas las medidas necesarias” para determinar las eventuales responsabilidades de los y las funcionarias que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y eventuales irregularidades procesales.

Además que el Estado boliviano debe adecuar su ordenamiento jurídico interno de tal manera que la falta de consentimiento sea central y constitutiva del delito de violación, entre otras acciones.