El juez primero anticorrupción de La Paz determinó detención domiciliaria para el gobernador Santos Quispe, acusado por los delitos de uso indebido de bienes públicos y obstrucción a la justicia.

La decisión judicial autoriza al Gobernador a ausentarse de su detención domiciliaria para trabajar de siete de la mañana a nueve de la noche.

También el juez decidió arraigo, fianza de 70 mil bolivianos, prohibición de acercarse a implicados y denunciantes.

Además, se le prohibió al Gobernador consumir bebidas alcohólicas o acudir a lugares donde las expendan.

La decisión del juez se asumió, a pesar de que la Fiscalía pidió tres meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro.   

El proceso surgió después de que la noche del martes para miércoles Quispe fue encontrado en su oficina con latas de cerveza, presuntamente en estado de ebriedad.

En la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía argumentó que se había encontrado latas de cerveza y botellas de singani en los ambientes de la Gobernación, además que el imputado habría impedido la acción policial se habría negado a la prueba de alcohotest.

El juez, sin embargo, consideró que Quispe tenía el derecho a tomar esa actitud respecto al alcohotest y que la Fiscalía no comprobó que haya sido reticente a la investigación.

Si bien el gobernador tiene otros procesos en su contra, el juez manifestó que de tomarse en cuenta aquello como actividad delictiva reiterada se rompería el principio de inocencia, puesto que no hubo juicio en esos casos.

Respecto al peligro de obstaculización a la investigación, el juez consideró que estando libre el Gobernador podría destruir o modificar pruebas, además de influir en los testigos y otros implicados.    

Según el juez, en el delito de uso indebido de bienes no se ha establecido algún daño económico o destrozos de parte de Quispe.