El director del INRA-Santa Cruz, Adalberto Rojas, anunció que este jueves se enviará una comisión a lacomunidad ayorea 27 de Mayo para atender la denuncia de avasallamientos violento y armado que habría ocurrido en ese sector del municipio de Pailón.

Los indígenas ayoreos denunciaron que la semana pasada sufrieron el avasallamiento y la quema de sus casas en dicha comunidad, de parte de personas que serían interculturales.

De acuerdo con el comuniario Martín Ceca, llegó primero un tractor y luego aparecieron camionetas con decenas de encapuchados armados.

Agarraron a un grupo de indígenas y los ataron con soga. Mientras estaban arrodillados, eran golpeados y chicoteados. Los encapuchados reclamaban que el terreno era suyo y que los indígenas debían salir, contó Ceca.

Según el relato, los agresores incluso incendiaron las viviendas de los indígenas. “Metieron fuego a las casas y todo lo quemaron nuestras casas, no tenemos ahora nada”, lamentó el comunario.

Dijo que sólo se quedaron con la ropa que llevan puesta, porque también les quemaron sus pertenencias y equipos como parlantes, congeladoras y motosierras.

El director del INRA departamental, en entrevista con ERBOL, informó que en una reunión se ha conocido la denuncia de los ayoreos, por lo cual se ha dispuesto enviar una comisión que viajaría este jueves. Aclaró que el viaje no fue antes por las condiciones del camino.

Rojas aclaró que representantes interculturales negaron una participación orgánica en los hechos denunciados.

Anunció que la comisión contará con participación de control social, pero también buscarán el apoyo de la Policía y Fiscalía, por los delitos que fueron denunciados.

La tierra es de indígenas

La autoridad del INRA sostuvo que, de acuerdo a la revisión que se hizo, el territorio donde se denunció el conflicto está titulado como Territorio Comunitario de Origen (TCO) Isoso del pueblo guaraní.

Sin embargo, aclaró que los ayoreos habitan esas tierras por un acuerdo que tienen con los guaraníes.

Señaló que cualquier asentamiento en ese lugar es ilegal, toda vez que son territorios titulados.

Rojas explicó que el INRA, dentro de sus atribuciones, podría emitir un certificado de propiedad del terreno, para que el documento sea usado con el objetivo de iniciar procesos penales contra los autores de ilícitos.