La Defensoría del Pueblo investiga el posible extravío del expediente judicial sobre el caso de feminicidio de Stephanie Arias Caizana, asesinada en 2017, luego de que familiares denunciaron que estos documentos llevan desaparecidos dos años.

La mañana de este lunes personal defensorial llegó hasta el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz, acompañado de Claudia Vega, de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, para solicitar información de dicho documento.

“Hemos solicitado información, con base en la denuncia de la hermana de Stephanie Arias. Nos ha acompañado Claudia Vega, abogada de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura. Queremos corroborar lo que hemos señalado, que no hay el expediente y no hay la acusación formal”, señaló el Coordinador de la Delegación Defensorial de La Paz, Edwin Torrez.

En septiembre de 2017, Stephanie Arias fue hallada muerta en la autopista La Paz-El Alto, en inmediaciones de la Ciudadela Ferroviaria. Posteriormente, el principal sospechoso de ese asesinato fue remitido con detención preventiva al penal de Chonchocoro. Dos años después, en septiembre de 2019, el Ministerio Público presentó la acusación formal, desde ese momento el proceso no ha avanzado, y no se ha iniciado el juicio oral. 

Lo más lamentable, según los familiares, es que el expediente está perdido desde febrero de 2020, fecha en la que vieron el documento por última vez. 

En esa ocasión, les habrían solicitado que ordenen “los cuadernos” para remitirlos al Tribunal de Sentencia. Pero después, según dijeron, los secretarios no les dieron una razón fehaciente acerca del lugar en donde se encontrarían esos documentos.

“Estamos haciendo una denuncia pública y también al Tribunal Departamental de Justicia. Estamos remitiendo la denuncia formal con el Consejo de la Magistratura. También estamos pidiendo información a Régimen Penitenciario sobre la situación jurídica del presunto autor”, informó el coordinador Torrez. 

La abogada del Consejo de la Magistratura informó que solicitaron de manera formal información acerca de dónde está ese expediente y dijo que el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer tiene 24 horas para responder. Comentó que dependiendo de la respuesta se tomarán las acciones que correspondan. 

“No puede ser que no podamos tener certeza acerca de dónde está un expediente, una acusación de un hecho de feminicidio, justo cuando estamos en una coyuntura de lucha contra la violencia. No puede ser que la familia esté peregrinando de Poncio a Pilatos, porque nadie le da una respuesta”, sentenció Torrez.

Además, lamentó la dejadez del Ministerio Público, porque dijo que hasta el momento no ha realizado ningún tipo de acción para continuar con el proceso de este caso de feminicidio.