La diputada Yesenia Yarhui, junto a los legisladores Rafael Quispe y Amilcar Barral, presentaron un recurso de Acción Popular contra el Gobierno por permitir el uso de dinamita en manifestaciones.

La acción judicial fue planteada contra las principales autoridades del Ejecutivo, entre ellos, el propio presidente Evo Morales, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, además del comandante policial de La Paz, la ministra Gabriela Montaño, quien fue vista aplaudiendo a los que marchaban con dinamita y al  ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“Existe la prohibición en manifestaciones de dinamitas, agentes explosivos y agentes que atenten contra los derechos colectivos y la seguridad pública”, recordó la diputada Yarhui en declaraciones al periodista Iván Ramos de la red ERBOL.

Piden que se cumpla con el Decreto Supremo 2888, el cual prohíbe el uso de explosivos en movilizaciones sociales.

Dicha norma “prohíbe el uso, tenencia y porte de sustancias explosivas deflagrantes, detonantes, de alta y baja sensibilidad, mezcladas y multiplicadores, materias inflamables, asfixiantes, tóxicas, artefactos explosivos improvisados y otros relacionados clasificados como de Uso en Actividades Económicas y Obras y de Uso Civil, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada”.

El incumplimiento a la prohibición dará lugar a responsabilidad penal, debiendo la Policía Boliviana proceder a la aprehensión de las personas responsables para el inicio de las acciones penales correspondientes, cita el Decreto.