La Fiscalía de La Paz está solicitando la pena de ocho años de cárcel para el empresario chino Jin Zhengyuan, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, debido a que realizó movimientos por nueve millones de bolivianos sin justificativo legal.

La información se dio a conocer un día después de que la Fiscalía de Chuquisaca confirmó que ha sobreseído al empresario chino, en el caso de presunta coima con funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez a la empresa China Harbour.

Si bien la intención de la defensa del empresario chino pretendía que se desestime el caso en La Paz, como ocurrió con el de Chuquisaca, el Ministerio Público en la sede de Gobierno espera que se fije el juicio por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

En el caso de La Paz se investiga al empresario chino porque, cuando era gerente de la empresa China Harbour habría realizado junto a un contador movimientos que suman 9 millones de bolivianos con facturas irregulares.   

El fiscal de materia en La Paz, Tomás Choque, explicó que facturas fueron emitidas por una empresa “fantasma” a nombre de la compañía china, por concepto de flete de maquinaria, cuando ni siquiera tenía su NIT activo.

En ese entendido, la Fiscalía de La Paz considera que no hubo justificativo legal para el movimiento de los 9 millones de bolivianos, por lo cual acusó formalmente al empresario chino y al otro implicado solicitando la pena de ocho años.

Actualmente, el empresario chino cumple detención preventiva en San Pedro por este caso investigado en La Paz.

La tesis del diputado Héctor Arce, denunciante en el caso de la coima, consiste en que los nueve millones que se movieron con las facturas irregulares eran para sobornar a los funcionarios de la ABC.

Al respecto, el fiscal Choque indicó que desconoce los hechos investigados en Chuquisaca y que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo.

Hubo un tercer proceso

Anteriormente se supo que el empresario chino fue demandado por la empresa de la cual era gerente, por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza. El ministro Iván Lima dijo en abril que en ese proceso ya había sentencia. 

En ese caso, el sindicado ya devolvió casi 9 millones de bolivianos, los cuales estaban en efectivo en una vivienda en Sucre.