Después de una investigación,  la Fiscalía de La Paz ha presentado la acusación formal contra el exministro de Defensa, Luis Fernando López, y otras personas implicadas en un presunto plan para atentar contra Luis Arce y evitar su asunción presidencial en 2020.

El fiscal Julio Acarrafi informó a ERBOL que en este caso están acusados dos ciudadanos bolivianos, uno de ellos López, y cinco extranjeros.

El caso surgió por una publicación de The Intercept, que en 2021 difundió audios en los cuales supuestamente López habla de un plan para el envío de tropas mercenarias a Bolivia con el objetivo de evitar la asunción a la presidencia de Luis Arce.

Según las investigaciones de la Fiscalía, López se comunicaba con otro hombre de nacionalidad boliviana, que antes había sido administrador civil en el Ejército de los Estados Unidos, pero en Bolivia fue recluido en Palmasola por delitos de estafa.

El fiscal señaló que este sujeto, interlocutor de López, tenía en la cárcel dos teléfonos celulares y una laptop, con los cuales se contactaba con el exministro de Defensa. Incluso su compañero de celda corroboró este aspecto.

De acuerdo con la Fiscalía, en el marco del plan contra el presidente Arce, ciudadanos extranjeros llegaron a Bolivia en octubre de 2020 y se hospedaron en hoteles de Santa Cruz y después La Paz.  

Las pericias de las llamadas de López establecieron que se había comunicado justamente con personas ubicadas en las zonas de los hoteles, donde estaban hospedados los extranjeros, explicó el fiscal Acarrafi.

En base a la investigación, la acusación fue presentada por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, así como atentados contra el presidente y otros dignatarios del Estado, en grado de tentativa.

La autoridad del Ministerio Público aclaró que dos de los extranjeros acusados son de nacionalidad colombiana y del resto no se conoce su origen.

La acusación ya se encuentra en un tribunal de sentencia de La Paz. Se espera que se cumpla con las notificaciones para fijar la fecha del juicio. 

El proceso se llevó en ausencia de los sindicados, quienes fueron declarados en rebeldía. 

En el caso de López, se conoce que se encuentra en Paraguay como solicitante de refugio. El mismo ya cuenta con una sentencia en la justicia boliviana por el caso gases lacrimógenos y es procesado por las muertes en Senkata y Sacaba durante las protestas de 2019.