A cuatro años y medio de los sucesos de 2019, la Fiscalía ha acusado formalmente al teniente y boxeador Franklin “Matador” Mamani, como autor del delito de homicidio en el caso Pedregal. La defensa denunció que se trata de una decisión arbitraria, que se basa en una declaración cambiada de una testigo y maniobras del Ministerio de Gobierno, por lo cual acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Según el relato de la defensa, en la audiencia del 16 de marzo, Mamani estaba por recibir la detención domiciliaria, pero el fiscal Gustavo Valdés “presentó en ese momento de manera sorpresiva (como un villano en el mundo del hampa) la Resolución de Acusación Fiscal”.

Con esa acusación, el juez cautelar ya estaba inhabilitado para otorgar la detención domiciliaria a Mamani, quien lleva en la cárcel más de un año con detención preventiva.

En este caso se investigó la muerte de tres personas durante un operativo policial el 11 de noviembre de 2019 realizado en la zona El Pedregal al sur de la ciudad de La Paz, durante el conflicto poselectoral.   

En la acusación del fiscal, se sostiene que las tres personas murieron con arma de fuego y que Mamani daba instrucciones al contingente policial, a pesar de que era subcomandante de la Policía de la zona Sur.

La acusación afirma también que Mamani ordenó a sus subalternos utilizar armas de fuego y actuó en dolo, por lo cual pide que su condena sea cumplida en Chonchocoro.

Sin embargo, la defensa sostiene que Mamani es inocente y que el comandante de la Policía de la zona Sur era el coronel Fuad Vaca, quien falleció durante su encierro en la cárcel de San Pedro.

Según la defensa, la acusación se basa en el relato de una testigo quien primero había dicho que no presenció nada, pero después cambió su testimonio e identificó a Mamani en el lugar de los hechos.

Denunció que después la testigo obtuvo un cargo público en la línea morada del teleférico, por lo cual se “levanta serias dudas sobre la veracidad y la motivación detrás de su cambio de testimonio”.

Ante esta situación, la defensa anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para obtener justicia y resarcimiento, porque considera que existen “maniobras injustas y arbitrarias de aquellos funcionarios del Ministerio Publico y Ministerio de Gobierno”.